El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar públicamente a los medios de comunicación que divulgaron una investigación sobre presuntos vínculos entre altos mandos del Ejército y alias “Calarcá”, uno de los líderes más poderosos de las disidencias de las FARC.
A través de su cuenta en X, el mandatario informó que autorizó al general Juan Miguel Huertas y al director de Inteligencia, Wilmar Mejía, a interponer denuncias penales en respuesta a las revelaciones difundidas por Noticias Caracol y otros medios.
La decisión se da en medio de un intenso debate nacional sobre la veracidad de las pruebas divulgadas y el manejo de información reservada.
El origen de la polémica
La Unidad Investigativa de Noticias Caracol sostuvo que en los llamados “archivos secretos” de alias Calarcá aparecían menciones a un general y a un alto funcionario de inteligencia. Ante las dudas planteadas por Petro, el medio reafirmó la autenticidad del material divulgado.
Sin embargo, el presidente respondió señalando inconsistencias en las pruebas presentadas.
Según él, las grabaciones que presuntamente involucran a Huertas y Mejía no aparecen en los dispositivos electrónicos incautados hace 16 meses, sino en otros documentos cuya procedencia considera cuestionable.
Petro también afirmó que ciertos chats atribuidos al grupo armado habrían sido creados mediante inteligencia artificial, lo que aumentó la controversia y llevó a la opinión pública a exigir mayor claridad sobre el origen de la información.
Visitas, grabaciones y señalamientos
Uno de los puntos más sensibles expuestos por el mandatario es la visita del periodista Ricardo Calderón a un preso identificado como Jader Montoya Yepes, alias “Primo Carro”, quien habría escrito una carta que menciona al general Huertas.
Petro asegura que la reunión, grabada por cámaras de seguridad de la Sijin, se realizó bajo autorización de una fiscal de Medellín que, según él, no informó adecuadamente a la Policía sobre la naturaleza de la visita.
Para Petro, este episodio demuestra fallas graves en el manejo de la evidencia y genera dudas sobre la narrativa presentada por los medios. Además, cuestiona que decisiones de fiscales y actores locales estarían vinculadas a intereses políticos en Medellín y Antioquia.
“Buscan debilitar mi proyecto político”
El presidente afirmó que existe una estrategia deliberada para afectar su gobierno y fortalecer a sectores opositores.
Señaló a antiguos altos mandos retirados durante su administración y al abogado Abelardo de la Espriella como actores detrás de lo que califica como una operación de desprestigio a través de supuestas falsedades difundidas a la prensa.
La controversia continúa escalando, mientras los medios defienden su trabajo investigativo y el gobierno insiste en que las pruebas presentadas no corresponden con los archivos incautados oficialmente.
Con las denuncias penales en curso, el caso promete seguir ocupando la agenda política y mediática del país.
