Lima, Perú.- Durante octubre de 2025, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) registró un preocupante aumento de agresiones, amenazas y presiones judiciales contra comunicadores y medios en distintas regiones del país.
Aunque la Policía Nacional del Perú (PNP) negó los hechos, múltiples periodistas mostraron heridas por perdigones y contusiones sufridas durante las protestas de la llamada Generación Z en Lima y otras ciudades.
De acuerdo con el informe del CPP, al menos 25 periodistas fueron agredidos por agentes policiales, entre ellos Antonio Melgarejo (El Comercio), Gabriel García (Ojo Público) y Valia Aguirre (Wayka).
Catorce de ellos fueron impactados por perdigones de goma y once sufrieron agresiones físicas directas.
Los comunicadores denunciaron, además, que la Policía obstaculizó su labor informativa, repitiendo un patrón de violencia ya documentado en las manifestaciones de 2022, 2023 y septiembre pasado.
La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) expresaron su rechazo a los abusos policiales y exigieron garantías para el ejercicio del periodismo.
“La violencia contra la prensa atenta contra el derecho ciudadano a estar informado”, señaló el IPYS en un comunicado.
El informe también recoge casos de hostigamiento y amenazas individuales, como el de Marycielo del Castillo (Willax), quien denunció haber sido intimidada por la congresista Kira Alcarraz (Podemos Perú), y el de Analí Andrade (Radio Titanka), quien recibió mensajes amenazantes con imágenes de armas tras investigar presuntos actos de corrupción del alcalde de Andahuaylas, Abel Serna Herrera.
A estos hechos se suma la reapertura de una investigación fiscal contra periodistas del diario La Prensa Regional de Moquegua, acusados de “falsedad genérica” tras publicar reportajes sobre presunta corrupción en el gobierno regional.
El CPP calificó el proceso como un “acto de hostigamiento judicial” destinado a intimidar a la prensa independiente.
El Consejo de la Prensa Peruana reiteró su llamado a las autoridades para detener la violencia policial, capacitar a los agentes sobre el trato a la prensa y garantizar un entorno seguro para el ejercicio periodístico libre e independiente.
