Washington.- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su profunda preocupación por la reciente aprobación de un decreto en Haití que podría imponer restricciones indebidas a la libertad de expresión y criminalizar la crítica hacia las autoridades, en un contexto marcado por la fragilidad institucional, la inseguridad persistente y la proximidad del vencimiento del mandato del gobierno de transición en febrero de 2026.
La norma, aprobada el pasado 18 de diciembre de 2025 por el Consejo Presidencial de Transición (CPT), regula el ejercicio de la libertad de expresión con el objetivo de “prevenir y reprimir” los delitos de difamación y de prensa.
De acuerdo con el texto, se consideran “delitos de prensa” la difamación, los insultos, la difusión de noticias falsas que puedan alterar el “orden público” o “incitar a la violencia o al odio”, el ciberacoso y el denominado “discurso de odio” (artículo 7).
El decreto establece sanciones que incluyen penas de prisión de hasta tres años y multas de hasta 100,000 gourdes, además de posibles indemnizaciones civiles.
En los casos de injuria o difamación contra funcionarios públicos, miembros de la Fuerza Pública, símbolos de la República o héroes de la independencia, se contemplan sanciones adicionales como trabajos forzados y disculpas públicas (artículo 11).
Asimismo, la responsabilidad legal no recae únicamente en los autores directos del contenido, sino también en directores, responsables de publicaciones, propietarios o administradores de medios y plataformas digitales que no retiren de forma inmediata los contenidos considerados “ilícitos” (artículo 9).
El decreto asigna al Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) la regulación de los medios “reconocidos y autorizados”, y obliga a las plataformas a conservar y entregar datos para identificar a los autores de contenidos señalados como ilegales, bajo la amenaza de ser considerados “cómplices” si no cumplen con estas disposiciones (artículos 17 y 18).
Uso de un lenguaje vago y ambiguo
La RELE advirtió que el uso de un lenguaje vago y ambiguo en el decreto podría dar lugar a interpretaciones amplias que restrinjan indebidamente la libertad de expresión, en contravención con los estándares del sistema interamericano, los cuales establecen que toda limitación a los derechos fundamentales debe estar prevista en la ley de manera expresa, precisa y taxativa.
Además, alertó sobre el posible efecto inhibidor y de autocensura que podrían generar las sanciones, la obligación de retirar contenidos “presuntamente ilícitos” y la amenaza de responsabilizar a medios y plataformas como “cómplices”, lo que impactaría directamente en la crítica legítima, el debate público y la rendición de cuentas, elementos esenciales en un proceso de transición democrática.
En su reciente Informe Especial sobre la “Situación de la libertad de prensa en Haití”, la Relatoría destacó que la crisis multidimensional que atraviesa el país requiere garantías reforzadas para la libre circulación de la información y el periodismo independiente, fundamentales para la denuncia de violaciones a los derechos humanos, la corrupción y la impunidad, así como para la protección de la integridad de un eventual proceso electoral.
La Oficina reiteró estas preocupaciones durante la audiencia pública sobre “Haití: Tráfico de armas y su impacto en derechos humanos”, celebrada en noviembre de 2025 en el 194º Período Ordinario de la CIDH, a la cual el Estado haitiano no envió representantes.
Compromiso con la protección de los periodistas
La RELE instó a las autoridades haitianas a derogar el decreto, abstenerse de adoptar normas que restrinjan indebidamente la libertad de expresión y reafirmar su compromiso con la protección de los periodistas y el rol de la prensa en el restablecimiento de la democracia y la seguridad en el país.
Finalmente, la Relatoría manifestó su disposición a brindar asistencia técnica y mantener un diálogo abierto con el Estado haitiano para fortalecer los marcos legales e institucionales que protegen el derecho de la población a buscar, recibir y difundir información e ideas sin temor.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) es una oficina de la CIDH dedicada a promover y defender el derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el hemisferio, reconociendo su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo de los sistemas democráticos.
