Tegucigalpa.– Las condiciones para ejercer el periodismo continúan deteriorándose en Centroamérica, donde las agresiones directas conviven cada vez más con mecanismos de presión institucional, hostigamiento digital, restricciones administrativas y acciones económicas que afectan el trabajo de periodistas y medios de comunicación.
Así lo establece el IV Informe sobre el Estado de la Libertad de Expresión y el Periodismo en Centroamérica, elaborado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica junto con la Fundación Heinrich Böll Centroamérica.
La investigación examinó la situación de Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua durante el período comprendido entre octubre de 2024 y octubre de 2025.
Para elaborar el diagnóstico fueron sistematizados 410 hechos relevantes, además de realizar una encuesta a 110 periodistas de los cinco países y entrevistas en profundidad.
Los resultados advierten que la presión contra la prensa se ha intensificado y adquirido formas más complejas, mientras la autocensura comienza a consolidarse como una estrategia utilizada por profesionales para disminuir riesgos personales y laborales.
El poder político concentra señalamientos
Uno de los hallazgos más preocupantes está relacionado con el origen de las presiones.
Según las respuestas de los periodistas consultados, entre los actores señalados con mayor frecuencia como responsables de hostigamiento aparecen presidentes, autoridades gubernamentales y simpatizantes de partidos políticos.
Para Giselle Boza, coordinadora de PROLEDI, resulta especialmente preocupante que sean actores vinculados con el propio Estado quienes aparezcan como fuente de prácticas dirigidas a silenciar o intimidar a periodistas.
La situación, advierte, no afecta únicamente las condiciones necesarias para ejercer el oficio, sino también las garantías democráticas y el Estado de derecho.
El fenómeno muestra además una transformación en las formas utilizadas para ejercer presión.
Las agresiones físicas o amenazas directas ya no constituyen los únicos riesgos. El informe identifica una combinación de persecución institucional, discursos de estigmatización, ataques digitales, restricciones administrativas y mecanismos económicos.
Esta diversificación puede hacer que las presiones sean menos evidentes, aunque sus efectos sobre el ejercicio periodístico resulten igualmente significativos.
La autocensura se convierte en mecanismo de protección
Otra de las señales identificadas es el crecimiento de la autocensura.
Periodistas consultados reconocen modificar coberturas, evitar determinados asuntos o limitar la publicación de informaciones como una manera de disminuir riesgos profesionales y personales. La autocensura adquiere así una dimensión que trasciende al propio periodista.
Cuando determinadas investigaciones o temas dejan de abordarse por temor a represalias, también se reduce la cantidad y diversidad de información disponible para la ciudadanía.
El informe coloca este fenómeno junto al exilio de periodistas como dos de las consecuencias más preocupantes del deterioro regional.
El exilio periodístico continúa creciendo
Nicaragua, El Salvador y Guatemala aparecen especialmente afectados por la salida de profesionales que han abandonado sus países para proteger su seguridad o libertad.
El caso de Nicaragua continúa siendo presentado como el escenario más extremo de la región.
El informe documenta cierres y confiscaciones de medios, persecución judicial y un exilio masivo de periodistas, al que se suman situaciones de persecución transnacional contra profesionales que ya se encuentran fuera del territorio nicaragüense.
La salida de periodistas representa además un desafío para la continuidad de los medios y para la cobertura independiente de los acontecimientos que ocurren dentro de esos países.
Algunas organizaciones han tenido que desarrollar modelos de trabajo desde el exterior para mantener sus operaciones y continuar informando a sus audiencias.
Costa Rica muestra señales de deterioro
El análisis dedica también atención especial a Costa Rica, históricamente considerada una excepción regional por la fortaleza de sus instituciones y sus condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión.
Los investigadores identifican una consolidación de la confrontación entre el Poder Ejecutivo y la prensa durante el período estudiado.
También advierten una transición desde los ataques discursivos y la estigmatización hacia mecanismos más complejos de presión institucional.
Costa Rica conserva, sin embargo, una diferencia importante frente a los escenarios más restrictivos de Centroamérica: mantiene estructuras jurídicas e institucionales capaces de funcionar como contrapesos y responder frente a determinadas actuaciones del poder político.
El informe advierte que las crecientes tensiones obligan a observar la capacidad de esas instituciones para preservar su independencia.
Un problema que afecta a la democracia
Los resultados permiten observar que la libertad de prensa en Centroamérica ya no puede evaluarse únicamente contabilizando agresiones físicas o amenazas contra periodistas.
Las presiones económicas, administrativas, judiciales y digitales pueden producir efectos menos visibles pero igualmente capaces de limitar la cobertura periodística.
Cuando esas acciones conducen a la autocensura, el cierre de medios o el exilio de profesionales, sus consecuencias alcanzan directamente el derecho de los ciudadanos a recibir información.
El informe coloca así una señal de alerta sobre los cinco países estudiados: las amenazas contra el periodismo están evolucionando y algunas de las formas utilizadas para limitarlo son cada vez más difíciles de identificar y enfrentar.
En una región donde los actores político-institucionales aparecen señalados como una de las principales fuentes de presión, proteger el ejercicio periodístico también supone preservar los mecanismos de fiscalización indispensables para cualquier sociedad democrática.
