El presidente Luis Abinader promulgó la ley 38-24, que establece la cláusula de conciencia como un mecanismo de protección para los derechos laborales de los periodistas en la República Dominicana. Esta ley, promulgada el 9 de agosto de 2024, busca garantizar la independencia profesional y la integridad deontológica de los periodistas en su ejercicio.
La cláusula de conciencia permite a los periodistas desvincularse de su medio de comunicación, con derecho a indemnización, cuando se producen cambios en la orientación editorial o en la titularidad del medio, que afecten su integridad moral o profesional. Además, la ley contempla que este derecho puede ser invocado si se intenta trasladar al periodista a un medio con una línea editorial diferente a la suya.
Este marco legal está diseñado para asegurar que los periodistas puedan ejercer su libertad de información de manera independiente y libre de presiones, protegiendo su papel fundamental en el sistema democrático. Además, establece procedimientos para invocar la cláusula según lo dispuesto en el Código de Trabajo o la ley de función pública, dependiendo si el contrato es con una entidad privada o pública.
La ley 38-24 también destaca la importancia de la cláusula de conciencia al definirla como una garantía jurídica esencial que protege a los periodistas de posibles compromisos o presiones externas que puedan comprometer su objetividad y autonomía.
Esta protección legal no solo refuerza el papel crucial de los medios en la democracia, sino que también asegura que los profesionales de la información puedan ejercer su labor sin temor a represalias o conflictos de intereses que puedan surgir de cambios en la dirección editorial o de propiedad de los medios en los que trabajan.
Adicionalmente, la normativa establece que la cláusula de conciencia es aplicable en situaciones donde se realicen cambios sustanciales en la orientación editorial o ideológica de los medios, garantizando que los periodistas puedan optar por su liberación contractual con el derecho a recibir una indemnización.
Esta medida busca preservar el carácter independiente del periodismo y asegurar que los profesionales puedan actuar conforme a sus principios y estándares éticos, manteniendo así un entorno informativo plural y transparente.
