Culiacán, Sinaloa.– Informar desde Sinaloa se ha convertido en una labor de alto riesgo. En medio de un entorno marcado por la narcoviolencia, periodistas y defensores de derechos humanos enfrentan un panorama cada vez más hostil: chalecos antibalas, escoltas, protocolos de emergencia e incluso desplazamientos forzados son ahora parte de su cotidianidad.
El caso más reciente ocurrió este 14 de julio en El Pozo, sindicatura de Imala, donde al menos cinco reporteros fueron intimidados mientras cubrían un hecho violento.
El Instituto de Protección para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos activó de inmediato medidas de seguridad y mantiene acompañamiento con los afectados.
Jhenny Judith Bernal Arellano, directora del Instituto, confirmó que desde septiembre de 2024 a la fecha han sido agredidas 132 personas: 64 periodistas, 48 defensores de derechos humanos y 20 familiares de ambos grupos.
“El hecho mismo de ser periodista o defensor ya es un riesgo en Sinaloa”, advirtió.
En ese mismo período, el Instituto ha emitido más de 560 medidas cautelares, más del doble en comparación con años anteriores. Desde su creación en mayo de 2022, la entidad ha otorgado un total de 1,333 medidas de protección.
Acciones para proteger a los periodistas
Entre las acciones adoptadas se incluyen rondines policiales, instalación de cámaras de videovigilancia, asesoría legal, escoltas y apoyo para movilidad. En casos de mayor riesgo, como el de ocho periodistas, se ha recurrido incluso a la entrega de chalecos antibalas, pese a las extremas temperaturas que caracterizan al estado.
Además, tres periodistas y sus familias han tenido que ser desplazados de forma forzada por amenazas directas, abandonando sus hogares para proteger sus vidas.
El medio Luz Noticias fue uno de los que sufrió agresiones directas durante la cobertura de los hechos en Imala, una señal de que las amenazas alcanzan incluso a las redacciones más visibles.
Según el Instituto, desde el recrudecimiento de la violencia en septiembre pasado, el promedio mensual de medidas de protección pasó de 32 a 56, un aumento del 74% que evidencia el deterioro de las condiciones para ejercer derechos fundamentales en el estado.
A pesar de los esfuerzos institucionales, la situación sigue siendo crítica. “No quisiéramos otorgar este tipo de medidas, pero la situación lo exige”, concluyó Bernal Arellano.
