Santo Domingo. – El Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación en República Dominicana (CAESCO) presentó un informe preliminar sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, subrayando la importancia de conservar un enfoque corregulador y multiactor en el proceso legislativo.
Según el documento, es esencial que el nuevo marco jurídico garantice la participación activa de actores clave como el Estado, las empresas de servicios digitales, los medios de comunicación tradicionales y digitales, así como periodistas y creadores de contenido, en los procesos de regulación.
CAESCO valoró como un avance que el anteproyecto contemple la exigencia de mayor transparencia a las plataformas digitales respecto al funcionamiento de sus algoritmos, particularmente aquellos relacionados con la moderación y recomendación de contenido.
La organización señaló que estos mecanismos privados inciden directamente en el ejercicio de la libertad de expresión, al determinar qué contenidos se eliminan, cuáles se visibilizan y en qué momento llegan al usuario, muchas veces en un entorno opaco.
Papel de la inteligencia artificial
Asimismo, la entidad consideró relevante la inclusión de la Inteligencia Artificial en la legislación, dada su creciente influencia no solo en los algoritmos, sino también en la creación de contenidos potencialmente maliciosos, como textos, imágenes y videos, que pueden tener efectos sensibles en contextos como elecciones, seguridad o salud.
Miguel Otáñez, presidente de CAESCO, advirtió sobre la omisión explícita en el anteproyecto de componentes clave como la alfabetización mediática y digital. “Estas no pueden quedar sujetas a futuras voluntades. Son herramientas necesarias para que la ciudadanía participe activamente en la corregulación como parte interesada y afectada, y pueda ejercer su derecho al debido proceso”, afirmó.
Otáñez explicó que dicho proceso es esencial para que todos los actores puedan ejercer sus libertades tanto en entornos digitales como tradicionales. “Contar con las competencias para conocer y aplicar ese proceso será determinante para garantizar una libertad de expresión plena”, puntualizó.
Reto principal que enfrenta la futura ley
Agregó además que el principal reto de la futura ley residirá en su implementación efectiva. “Será crucial establecer códigos de conducta, procedimientos y reglamentos que le den operatividad y legitimidad, evitando la sobrerregulación o, por el contrario, la ineficacia por falta de herramientas”, señaló.
CAESCO reconoció que el anteproyecto contempla importantes garantías, como el acceso universal a internet, reconocido como condición esencial para ejercer derechos en la era digital.
También protege principios fundamentales como la cláusula de conciencia, el secreto profesional, el acceso a fuentes, la seguridad de los periodistas, la prohibición de la censura previa, y la promoción de la pluralidad y la neutralidad tecnológica.
Finalmente, Otáñez advirtió sobre el riesgo de ambigüedades legales que puedan erosionar la libertad de expresión. “Debemos asumir que la vigencia de una ley de esta naturaleza siempre estará condicionada por la velocidad del cambio tecnológico, que no puede ser sincronizado”, concluyó.
