A pocas semanas de que entre en vigor la obligatoriedad de la facturación electrónica para pequeñas y medianas empresas en República Dominicana, especialistas advierten que el principal reto ya no es tecnológico, sino operativo. La Dirección General de Impuestos Internos ha establecido como fecha límite el 15 de mayo de 2026 para la implementación del sistema, en el marco de la Ley 32-23.
Según expertos de Alegra, muchas organizaciones aún no dimensionan el alcance de los cambios internos que implica esta transición. Más allá de emitir comprobantes digitales, el proceso exige adaptar flujos administrativos, capacitar equipos y reorganizar la gestión financiera. “La facturación electrónica no solo implica emitir un comprobante digital, sino transformar la forma en que las empresas gestionan su operación”, explicó Carolina Felizzola.
El marco normativo establece que, una vez vencido el plazo, el uso de facturas en papel quedará restringido a casos de contingencia definidos por la regulación. Entre los requisitos figuran la habilitación ante la DGII, el uso de firma digital y la conservación de los documentos electrónicos por un período de diez años, conforme al Código Tributario.
De acuerdo con un análisis de Alegra, uno de los principales desafíos para las pymes radica en la transición desde procesos tradicionales hacia entornos digitales integrados. Esto incluye la emisión y validación de facturas, la conciliación contable y el seguimiento financiero, áreas que requieren ajustes estructurales en la operación diaria.
La etapa actual, marcada por la cercanía del plazo, se presenta como un momento clave para que las empresas aceleren su preparación. Aquellas que han pospuesto la implementación enfrentan mayores riesgos de adaptación tardía, especialmente en lo relativo a la capacitación del personal y la integración de sistemas.
No obstante, más allá del cumplimiento normativo, la facturación electrónica también abre una oportunidad para modernizar la gestión empresarial. La digitalización de procesos permite mejorar el control financiero, optimizar la trazabilidad de las operaciones y aumentar la eficiencia administrativa, aspectos cada vez más relevantes en un entorno competitivo.
En este contexto, expertos coinciden en que la adopción anticipada no solo reduce la presión operativa, sino que facilita una transición más ordenada hacia un modelo que redefine la relación entre las empresas y la administración tributaria en el país.
