El reciente depósito, en el Senado de República Dominicana, del proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales marca un hito en la evolución del marco legal que regula la comunicación en el país.
Esta iniciativa, respaldada por la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), busca actualizar una legislación vigente desde 1962, adaptándola a los desafíos del entorno digital contemporáneo.
Si analizamos esta iniciativa y, más aún, la pieza legislativa en detalle, podemos reconocer un esfuerzo claro por actualizar el marco legal que regula la libertad de expresión en República Dominicana, adaptándolo a los desafíos del entorno digital actual.
Tenemos que tener claro que esta propuesta no solo representa un avance normativo, sino que también abre el debate sobre cómo equilibrar derechos fundamentales con nuevas formas de comunicación.
Como reto de todos es necesario examinar sus principales fortalezas y debilidades, así como el impacto que podría tener tanto en la ciudadanía, como en los medios de comunicación y el propio Estado.
Lo positivo de la Ley de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales
Si hacemos un sondeo en los medios de las opiniones de los expertos en comunicación y defensores de la libertad de expresión, encontramos puntos de coincidencia en torno a los avances que representa esta propuesta legislativa.
En términos generales, hay cuantos puntos a resaltar positivamente:
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Modernización legal: El proyecto reconoce la necesidad de adaptar las normativas a las nuevas realidades digitales, incluyendo plataformas digitales y redes sociales, garantizando así una regulación acorde con los tiempos actuales.
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Protección de derechos fundamentales: Se establece la prohibición de la censura previa y se promueve el acceso universal a internet como un derecho habilitante, fortaleciendo la libertad de expresión y el acceso a la información.
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Equilibrio entre libertad y responsabilidad: La propuesta busca un balance entre la libertad de expresión y la protección de otros derechos, como el honor y la intimidad, estableciendo disposiciones para prevenir la desinformación y proteger a los menores en el entorno digital.
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Inclusión de principios éticos: Se incorporan figuras como el secreto profesional, la cláusula de conciencia y el derecho a la rectificación, fortaleciendo la labor periodística y la integridad de la información difundida.
El proyecto de ley tiene áreas que merecen una revisión cuidadosa
No obstante, como toda iniciativa de impacto social y legal, el proyecto también presenta áreas que merecen una revisión cuidadosa.
Sin embargo, estos aspectos a considerar no deben interpretarse como obstáculos, sino como oportunidades para fortalecer aún más la propuesta, garantizar su aplicación justa y evitar ambigüedades que puedan prestarse a interpretaciones restrictivas o discrecionales.
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Autonomía del ente regulador: La creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom) como entidad estatal descentralizada plantea interrogantes sobre su independencia y la posibilidad de influencias políticas en su funcionamiento.
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Definición de límites: Es crucial que la ley delimite claramente qué constituye una infracción grave a la libertad de expresión para evitar interpretaciones ambiguas que puedan conducir a sanciones desproporcionadas.
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Participación ciudadana: Aunque el proyecto fue fruto de un proceso de consultas, es esencial que durante su discusión en el Congreso se mantenga un diálogo abierto con la sociedad civil para asegurar que la ley refleje las necesidades y preocupaciones de todos los sectores.
El ideal a alcanzar en un proyecto de ‘Ley Orgánica’
La libertad de expresión es un pilar fundamental de toda democracia y una legislación que la regule debe garantizar el derecho de todos los ciudadanos a expresarse libremente, acceder a información veraz y participar en el debate público sin temor a represalias.
Al mismo tiempo, debe establecer mecanismos que prevengan abusos, como la difusión de noticias falsas o discursos de odio, sin caer en la censura. Ella, bien lograda, pues tener beneficios potenciales paa todos:
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Para los ciudadanos: Mayor acceso a información confiable y protección contra contenidos nocivos.
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Para los medios de comunicación: Un marco legal claro que respalde su labor y proteja su independencia.
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Para el Estado: Fortalecimiento de la democracia y mejora en la transparencia y rendición de cuentas.
La mejor oportunidad para fortalecer la democracia
El proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales representa una oportunidad para fortalecer la democracia en la República Dominicana, siendo fundamental que su discusión y eventual aprobación se realicen con transparencia, inclusión y respeto a los derechos fundamentales.
Todos debemos asegurarnos que esta ley sirva como herramienta para empoderar a la ciudadanía y consolidar un entorno mediático libre y responsable.
