Miami (11 de febrero de 2026) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su profunda alarma ante los lineamientos emitidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador (FF.AA.) para la coordinación, acreditación y gestión de medios y periodistas en eventos institucionales.
La entidad considera que estas disposiciones instauran un sistema de control, evaluación y exclusión que constituye censura previa y una restricción ilegítima al ejercicio del periodismo.
La SIP advirtió que condicionar el acceso de medios y periodistas a la información pública en función de su línea editorial, su cobertura histórica o su postura frente a una institución estatal vulnera principios constitucionales, la Declaración de Chapultepec y los estándares interamericanos de derechos humanos, los cuales prohíben toda forma de censura y obligan a los Estados a garantizar un entorno libre y plural para la labor periodística.
De acuerdo con información difundida el 10 de febrero por el canal Ecuavisa y otros medios locales, los lineamientos establecen “criterios técnicos previamente definidos” para autorizar o negar acreditaciones.
Entre ellos figuran la evaluación de la línea editorial del medio, su tratamiento informativo histórico respecto a las FF.AA. y su supuesta afinidad con la misión y valores institucionales.
También se contempla la asignación de puntajes, la elaboración de registros internos y la clasificación de medios como “afines, neutrales o críticos”, con el fin de sustentar decisiones de inclusión o exclusión.
Tras la difusión de estas disposiciones y las reacciones de rechazo de diversos sectores, las Fuerzas Armadas emitieron una aclaración en la que aseguraron que los lineamientos no buscan restringir el trabajo periodístico, sino ordenar la cobertura y garantizar la seguridad en eventos oficiales e instalaciones estratégicas. No obstante, la SIP sostuvo que el contenido del documento contradice esa afirmación.
Acreditación de medios o comunicadores
Según la organización, el texto oficial prevé evitar la acreditación de medios o comunicadores cuya actuación sea considerada “perjudicial para la imagen institucional”, establecer evaluaciones periódicas del “desempeño informativo” y aplicar estrategias para “gestionar la participación de medios no afines”.
Incluso propone permitir la cobertura de medios críticos solo en determinados eventos simbólicos, con el objetivo de limitar narrativas negativas y utilizar mecanismos de “inclusión selectiva” como herramienta de fortalecimiento reputacional.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, advirtió que “ninguna entidad del Estado puede erigirse en árbitro de la prensa ni decidir qué medios o periodistas son aceptables en función de su enfoque o posición editorial. Eso equivale a censura previa, una práctica expresamente prohibida en una sociedad democrática”.
Acceso a la información pública
Manigault, presidente del grupo Evening Post Publishing Inc., con sede en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, agregó que “el acceso a la información pública debe ser garantizado en condiciones de igualdad.
Cualquier sistema que califique, filtre o excluya medios por el contenido de su cobertura vulnera el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, señaló que “estos lineamientos institucionalizan un modelo de control incompatible con la democracia y con el rol fiscalizador de la prensa”.
Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), sostuvo que “las Fuerzas Armadas, como toda institución pública, están sujetas al escrutinio independiente. No les corresponde evaluar contenidos periodísticos ni castigar el periodismo crítico”.
Diversas organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de prensa y los derechos humanos también rechazaron las disposiciones.
La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) alertó que condicionar el acceso a la información pública y a eventos oficiales según el contenido editorial de un medio constituye un acto de censura previa prohibido por la Constitución del Ecuador. Human Rights Watch, por su parte, afirmó que se trata de “prácticas propias de instituciones que temen el escrutinio público”.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1,300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
