El director general de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Pedro Urrutia Sangiovanni, advirtió que el incumplimiento en el pago de impuestos retenidos puede trascender una falta administrativa y convertirse en un delito tributario penal, al tiempo que defendió las acciones de fiscalización de la entidad y reiteró su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Durante una entrevista en el programa Revista 110, el funcionario abordó diversos aspectos relacionados con la gestión tributaria, la lucha contra la evasión y las reformas que impulsa la institución, destacando que la misión principal de la DGII es fortalecer la cultura de cumplimiento y garantizar condiciones de competencia equitativas para todos los actores económicos.
Urrutia explicó que la retención de tributos como el ITBIS o el Impuesto sobre la Renta implica una responsabilidad legal que no puede ser ignorada. Señaló que cuando una empresa o contribuyente retiene recursos que pertenecen al Estado y no los reporta ni los entrega a la administración tributaria, incurre en una conducta de alta gravedad que afecta tanto las finanzas públicas como la confianza en el sistema formal.
“La DGII no persigue de manera antojadiza, pero sí estructura expedientes firmes contra quienes cometen delitos tributarios”, afirmó el funcionario, al destacar que las acciones de fiscalización responden a criterios técnicos y legales, no a decisiones discrecionales.
La consultora jurídica de la institución, Juanita Canahuate, precisó que no todos los incumplimientos fiscales constituyen automáticamente un delito penal. Sin embargo, explicó que cuando existe una intención deliberada de evadir el pago de impuestos, la conducta adquiere una dimensión distinta y puede derivar en consecuencias penales. Asimismo, señaló que este tipo de prácticas puede convertirse en un elemento precursor de operaciones vinculadas al lavado de activos.
No obstante, Urrutia reconoció que una parte importante de los contribuyentes cae en condición de omisión debido a la complejidad del sistema tributario y no necesariamente por una intención fraudulenta. Por ello, insistió en que la institución mantiene mecanismos de orientación y acompañamiento para facilitar la regularización voluntaria antes de que los casos evolucionen hacia procesos sancionatorios.
En cuanto a la aplicación de la normativa vigente, el director de la DGII fue categórico al asegurar que la entidad continuará actuando con firmeza frente a los negocios que operan fuera del marco legal. “Hemos cerrado negocios y seguiremos cerrando si hay incumplimiento de la ley”, expresó, subrayando que estas medidas buscan proteger a las empresas y contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones, evitando ventajas injustas para quienes incumplen.
El funcionario también rechazó cualquier insinuación sobre posibles influencias externas en los procesos de fiscalización. Al ser consultado sobre eventuales presiones para detener sanciones o cierres de establecimientos, respondió de forma contundente que “la DGII no recibe presión de nadie”, reafirmando que las decisiones institucionales se toman con apego a la ley y bajo criterios de equidad.
Durante la entrevista, Guarionex De la Cruz, subdirector de Gestión y Cumplimiento, señaló que los impuestos al consumo figuran entre los tributos con mayores niveles de evasión, razón por la cual la administración tributaria mantiene una vigilancia constante sobre este segmento.
En el ámbito de las políticas recaudatorias, Urrutia reiteró su oposición a la eliminación del esquema de anticipos. A su juicio, la desaparición de este mecanismo provocaría mayores presiones financieras para las empresas, que tendrían que asumir el pago completo de sus obligaciones tributarias al cierre del período fiscal, afectando significativamente su liquidez.
Asimismo, expresó reservas sobre la implementación de modelos de impuesto fijo, argumentando que este tipo de esquemas puede generar distorsiones y afectar los principios de equidad y proporcionalidad que deben regir un sistema tributario moderno.
Por su parte, Joel Polanco, subdirector de Fiscalización, explicó que la DGII desarrolla sus procesos de control bajo un modelo basado en la gestión de riesgos. En ese sentido, aclaró que la presentación de declaraciones rectificativas por parte de los contribuyentes no implica automáticamente el inicio de auditorías o fiscalizaciones externas, una percepción que persiste en algunos sectores empresariales.
Polanco también destacó los esfuerzos institucionales para fortalecer la transparencia corporativa mediante la identificación de accionistas y beneficiarios finales de las empresas, una herramienta que permite evaluar con mayor precisión los niveles de riesgo y conocer quiénes ejercen realmente el control de las estructuras societarias.
Al cierre de la entrevista, Pedro Urrutia afirmó que la reforma tributaria ya comienza a materializarse mediante medidas administrativas y acciones de fiscalización implementadas por la institución. Entre las prioridades actuales mencionó la supervisión de las plataformas digitales, con el objetivo de garantizar que estas actividades económicas tributen de acuerdo con las dinámicas y exigencias del mercado contemporáneo. La apuesta de la DGII, sostuvo, es avanzar hacia un sistema más transparente, eficiente y alineado con los desafíos de la economía digital.
