Miami.– La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por un decreto del Gobierno de Costa Rica que declara secreto de Estado una amplia gama de información relacionada con organismos de inteligencia y seguridad, al considerar que su alcance podría obstaculizar el trabajo periodístico y limitar el derecho ciudadano de acceso a información pública.
La disposición fue decretada el 10 de agosto por la presidenta Laura Fernández y comprende información vinculada con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el grupo de trabajo Fuerza Élite.
La clasificación incluye operaciones policiales y de inteligencia, estructuras de mando, recursos tecnológicos y planes de seguridad, pero también presupuestos, gastos, contrataciones públicas, documentos, reuniones y acuerdos de los organismos involucrados. El decreto entró en vigor de manera inmediata tras su publicación en el diario oficial La Gaceta.
SIP pide límites claros al secreto de Estado
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, reconoció la facultad de los Estados para proteger información cuya divulgación pueda poner en riesgo operaciones de seguridad, funcionarios o terceros, pero sostuvo que esas restricciones deben tener carácter excepcional.
“La clasificación de información como secreto de Estado debe ser excepcional, estar claramente delimitada y sujeta a controles independientes, para evitar restricciones desproporcionadas al derecho de acceso a la información pública”, afirmó.
Manigault manifestó especial preocupación por la inclusión de presupuestos, gastos y procedimientos de contratación pública, al considerar que se trata de áreas fundamentales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas sobre el manejo de recursos públicos.
Abogados y especialistas consultados por medios costarricenses también han cuestionado la constitucionalidad y el alcance del decreto. Entre sus argumentos señalan que una medida de esta naturaleza debería contar con respaldo de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa y no depender únicamente de una disposición del Poder Ejecutivo.
Preocupación por confidencialidad indefinida
La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, alertó además sobre el deber de confidencialidad indefinido impuesto a funcionarios, asesores, contratistas y otras personas relacionadas con los organismos contemplados en el decreto.
Ramos advirtió que esas disposiciones “no deberían convertirse en mecanismos para impedir el trabajo periodístico ni para restringir la investigación de asuntos de evidente interés público”.
La SIP instó al Gobierno costarricense a garantizar que cualquier restricción al acceso a la información responda a los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad, además de mantener mecanismos efectivos de control judicial y ciudadano.
También pidió diferenciar la información operativa que legítimamente pueda mantenerse reservada por razones de seguridad de aquella relacionada con presupuestos, contrataciones, utilización de recursos públicos y actuaciones administrativas, que debe permanecer sometida a criterios de transparencia.
El Gobierno justificó la medida por el aumento del narcotráfico y la violencia y argumentó que la divulgación de determinados datos podría comprometer operaciones, funcionarios y mecanismos de cooperación internacional en materia de seguridad.
Para la SIP, las acciones destinadas a enfrentar el crimen organizado no deben debilitar derechos esenciales de las sociedades democráticas, entre ellos la libertad de expresión, el acceso a la información pública y el ejercicio del periodismo independiente como mecanismo de fiscalización del poder.
