Reporteros Sin Fronteras (RSF) alertó sobre el uso creciente del concepto de seguridad nacional como herramienta para criminalizar el periodismo, limitar investigaciones de interés público y perseguir a profesionales de la información en distintas regiones del mundo.
La organización presentó el informe Cuando la seguridad nacional se convierte en un arma contra el periodismo, en el que documenta cómo normas diseñadas inicialmente para proteger a los Estados frente a amenazas graves se aplican contra periodistas que investigan asuntos militares, corrupción, medioambiente, salud pública o actuaciones gubernamentales.
Según RSF, las acusaciones de espionaje, terrorismo, traición, propaganda, difusión de información falsa o atentado contra los intereses del Estado se utilizan para justificar detenciones arbitrarias, procesos judiciales, vigilancia ilegal y censura.
Una tendencia que alcanza a democracias y regímenes autoritarios
El informe señala que esta práctica no se limita a gobiernos autoritarios, sino que también aparece en democracias donde leyes de excepción, normas antiterroristas o disposiciones de seguridad son utilizadas para obstaculizar investigaciones periodísticas.
RSF cita casos ocurridos en China, Arabia Saudita, Filipinas, Francia, Grecia, Chile y otros países para mostrar la amplitud del fenómeno.
Entre ellos figura el de la periodista francesa Ariane Lavrilleux, investigada por revelar información sobre una operación de inteligencia desarrollada por Francia y Egipto. También menciona la vigilancia ilegal contra profesionales de los medios mediante programas espía y el procesamiento de periodistas que investigaron contaminación, corrupción o fuerzas de seguridad.
La organización advierte que el concepto de seguridad nacional se ha ampliado hasta incluir ámbitos como la ciberseguridad, la desinformación, la salud pública y el medioambiente, creando zonas grises que facilitan la persecución de periodistas.
Conflictos armados agravan las restricciones
Los conflictos y los estados de emergencia crean condiciones especialmente favorables para controlar la información, restringir el acceso a determinadas zonas e imponer narrativas oficiales.
RSF señala que, bajo argumentos relacionados con la protección de operaciones militares o la lucha contra el terrorismo, los gobiernos pueden limitar el trabajo de los periodistas, exigir coberturas patrióticas o impedir la difusión de información crítica.
La organización menciona situaciones ocurridas en Palestina, Sudán, Etiopía, Rusia y otras zonas de conflicto, donde las medidas excepcionales adoptadas inicialmente para responder a una crisis terminan convirtiéndose en restricciones permanentes.
Impacto en América Latina
En América Latina, la instrumentalización de la seguridad nacional suele estar vinculada con la idea del “enemigo interno”, según el informe.
RSF identifica prácticas como acusaciones de terrorismo, traición o propaganda, restricciones al acceso a la información y vigilancia ilegal contra periodistas que investigan corrupción, fuerzas de seguridad, crimen organizado, conflictos armados o daños medioambientales.
La organización cita casos en Nicaragua, Brasil, Colombia, México y Chile, entre ellos el del periodista chileno Mauricio Weibel Barahona, quien fue objeto de vigilancia ilegal después de investigar hechos de corrupción dentro del Ejército.
RSF sostiene que durante 2026 se ha reforzado en la región la utilización de instituciones, mecanismos legales y administrativos para dificultar la labor de los medios y criminalizar el periodismo.
Persecución más allá de las fronteras
El documento también advierte sobre el aumento de la represión transnacional contra periodistas exiliados.
Algunos Estados recurren a condenas en ausencia, solicitudes de extradición, campañas de acoso, amenazas contra familiares y operaciones encubiertas para silenciar a comunicadores que continúan investigando desde otros países.
El informe menciona el asesinato del periodista kazajo Aydos Sadykov en Ucrania y el caso del periodista beninés Hugues Comlan Sossoukpè, trasladado de manera forzosa desde Costa de Marfil hacia Benín bajo acusaciones relacionadas con terrorismo.
Recomendaciones para proteger el periodismo
Ante esta situación, RSF plantea establecer límites claros y precisos sobre lo que puede considerarse una amenaza para la seguridad nacional.
También recomienda impedir que las leyes antiterroristas sean utilizadas contra periodistas, proteger la confidencialidad de las fuentes, exigir autorización judicial previa para las medidas de vigilancia y garantizar excepciones de interés público en los procesos por espionaje o revelación de secretos.
La organización solicita además evitar el uso de tribunales militares en casos relacionados con profesionales de la información, preservar la libertad de prensa durante conflictos y estados de emergencia y establecer mecanismos internacionales para proteger a periodistas exiliados.
Para RSF, estos hechos no representan casos aislados, sino una tendencia global en la que la seguridad nacional se utiliza como argumento jurídico y político para limitar el escrutinio público y debilitar el acceso de la ciudadanía a información independiente.
