El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas representa un punto de inflexión hacia un sistema más transparente, eficiente y alineado con estándares modernos en el uso de los recursos del Estado.
Durante su participación en el Cóctel de Herrera, organizado por la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, el funcionario explicó los principales cambios que introduce la normativa, subrayando el fortalecimiento del órgano rector, al que se le asignan 22 funciones para supervisar y regular el sistema de compras públicas.
El encuentro, encabezado por el presidente de la ANEIH, Ángelo Viro, sirvió como plataforma para el diálogo entre el sector público y privado.
Viro enfatizó la importancia de estos espacios para consolidar la institucionalidad y promover el desarrollo sostenible, destacando que el intercambio de ideas es clave para mejorar áreas estratégicas como las contrataciones públicas.
En su intervención, Pimentel detalló que la ley introduce una reconfiguración de los Comités de Compras y Contrataciones, especialmente en los gobiernos locales, donde se apuesta por estructuras más ágiles. Asimismo, señaló que los responsables de las unidades de contrataciones participarán con voz, pero sin voto, y que todos los miembros deberán cumplir con programas de formación obligatoria anual.
Uno de los cambios más relevantes es la incorporación del enfoque de “valor por dinero” en los procesos de adjudicación, lo que implica que las decisiones no se basarán únicamente en el menor precio, sino también en criterios cualitativos y económicos, como los costos de mantenimiento y operación.
Este enfoque busca optimizar el gasto público y garantizar mejores resultados a largo plazo.
La normativa también redefine los procedimientos de selección según la cuantía y la naturaleza de los contratos. En ese sentido, establece la obligatoriedad de la licitación pública para obras de gran envergadura, mientras que introduce modalidades más ágiles, como la contratación menor, que permitirá procesos en plazos reducidos de hasta tres días hábiles.
En materia de ejecución contractual, Pimentel indicó que se permiten modificaciones por razones de interés público, incluyendo ajustes de hasta un 50 % del valor inicial en circunstancias excepcionales.
Destacó cambios en el régimen sancionador, donde se elimina la inhabilitación permanente del Registro de Proveedores del Estado, adoptando un enfoque más equilibrado que respeta los derechos de los servidores públicos.
Otro eje central de la reforma es la digitalización del sistema. La ley fortalece el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas y promueve la modernización de la plataforma Eficompras, herramientas que buscan incrementar la transparencia, facilitar la supervisión y mejorar la eficiencia administrativa.
En conjunto, la Ley 47-25 plantea una transformación estructural del sistema de contrataciones públicas en la República Dominicana. Más allá de los cambios normativos, el reto estará en su implementación efectiva, en un entorno donde la transparencia y la eficiencia se consolidan como pilares esenciales para la confianza ciudadana y la competitividad institucional.
