Panamá.- Diversos gremios periodísticos y organizaciones defensoras de la libertad de expresión manifestaron su preocupación y rechazo ante una medida cautelar dictada por la fiscalía en Panamá que prohíbe a la periodista Sabrina Bacal publicar o difundir información relacionada con los empresarios Roberto Carretero Napolitano y Ramón Carretero Napolitano, ambos sancionados por el gobierno de Estados Unidos.
La decisión judicial ha sido cuestionada por organizaciones como el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información y el Consejo Nacional de Periodismo, que alertaron sobre el posible precedente de censura previa que podría implicar esta medida, así como su impacto en el ejercicio del periodismo y el derecho ciudadano a recibir información de interés público.
Según el comunicado conjunto de ambas entidades, la resolución -emitida por el Ministerio Público de Panamá- desvirtúa el espíritu de las leyes destinadas a proteger a víctimas vulnerables y podría convertirse en un mecanismo de silenciamiento frente a investigaciones periodísticas.
Las organizaciones consideraron alarmante que se utilicen recursos legales diseñados para proteger a víctimas de violencia física como herramienta para limitar la difusión de contenidos informativos.
La periodista Bacal solicitó que se deje sin efecto la llamada “orden de protección”. Para ello, el próximo 6 de marzo se celebrará una audiencia de control por presunta afectación de derechos fundamentales ante un juez de garantías, con el objetivo de determinar si la medida cumple con los estándares nacionales e internacionales sobre libertad de expresión. La solicitud fue presentada por la firma Guevara Legal Bureau, que representa a la comunicadora.
Normas favorecen a figuras públicas
La abogada Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, también expresó su preocupación por el uso de normas creadas originalmente para proteger a víctimas de delitos violentos -como las leyes 38 de 2001 y 31 de 1998- para favorecer a figuras públicas. A su juicio, aplicar estas disposiciones para restringir la actividad informativa puede equivaler a censura previa y entrar en conflicto con el derecho a la libertad de prensa.
En la misma línea, Rita Vásquez, vicepresidenta para Panamá de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), calificó la decisión como incompatible con los principios constitucionales y con los estándares interamericanos de protección a la libertad de expresión. Recordó además que la medida contradice los principios contenidos en la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta, instrumentos suscritos por el Estado panameño.
Vásquez sostuvo que impedir a un periodista informar sobre asuntos de evidente interés público no solo restringe el ejercicio del periodismo, sino que también vulnera el derecho de la sociedad a recibir información relevante sobre hechos vinculados al poder político o económico.
Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) instó a las autoridades panameñas a dejar sin efecto de inmediato la medida. José Zamora, director regional del CPJ para las Américas, afirmó que utilizar mecanismos judiciales para silenciar el periodismo de investigación constituye una violación flagrante de los estándares internacionales de libertad de expresión.
La orden de protección fue dictada el 6 de noviembre por la fiscal adjunta Isela Mela Peralta, a solicitud de los hermanos Carretero Napolitano. La resolución prohíbe a Bacal publicar en medios tecnológicos o electrónicos información relacionada con las actividades de ambos empresarios, lo que afecta directamente su labor periodística.
La medida también alcanza al periodista de investigación Roberto Deniz, del portal Armando.info, así como a los sitios digitales Praxis y Foco. Todos enfrentan una querella por presunta calumnia e injuria presentada por la abogada Marcela Arauz, quien reclama una indemnización de un millón de dólares.
El proceso se originó tras una publicación del 1 de octubre de 2025 en el vlog Sabrina sin censura, titulada “Carretero, bicicletas, aviones y negocios con Nicolás Maduro”, en la que Bacal abordó supuestos vínculos de los empresarios con distintos gobiernos panameños.
