Ginebra.– El Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución histórica que exige a los Estados revisar y modificar todas aquellas leyes que, en lugar de garantizar la libertad de prensa, se usan para intimidar, hostigar o silenciar a periodistas.
La medida pone el foco en los abusos legales como las demandas estratégicas, la penalización de la difamación y el uso indebido de normativas financieras o fiscales.
Por primera vez, el organismo internacional incluye en este tipo de documento la solicitud de mecanismos de alerta temprana y respuesta rápida para proteger a periodistas bajo amenaza, así como canales accesibles para denunciar violencia digital.
Este enfoque reconoce el creciente impacto de la ciberviolencia, la vigilancia ilegal y los ataques en línea como riesgos reales para el ejercicio periodístico.
El texto subraya la necesidad de establecer marcos legales transparentes, con debida diligencia y con estrictos principios de proporcionalidad, especialmente frente a nuevas amenazas como el espionaje digital, la manipulación informativa con inteligencia artificial y el acoso coordinado en redes sociales.
Perspectiva de género y entorno digital
Uno de los aspectos más innovadores de la resolución es su enfoque transversal de género, donde el Consejo manifiesta “profunda preocupación” por los riesgos que enfrentan las mujeres periodistas, tanto en su labor profesional como en el espacio digital, donde los ataques con contenido sexual, el chantaje y la intimidación se han vuelto sistemáticos.
El documento reclama medidas con perspectiva de género para garantizar la seguridad y la igualdad de condiciones en el ejercicio de la prensa, y recomienda crear protocolos especializados y puntos focales institucionales para coordinar la respuesta ante amenazas.
Defensa de la confidencialidad y acceso a la información
La ONU también insta a los países a proteger legalmente la confidencialidad de las fuentes, salvaguardando el rol del periodismo como contrapeso del poder, protección que debe incluir garantías contra el espionaje, la interceptación de datos, y debe limitar estrictamente las excepciones mediante autorización judicial.
Asimismo, se solicita a los Estados garantizar el acceso público a la información en poder de las autoridades, exceptuando solo aquellos casos claramente definidos y justificados por razones de seguridad, privacidad o interés público.
Contra la impunidad y a favor de la rendición de cuentas
El organismo internacional advierte que la mayoría de los ataques a periodistas quedan impunes, por lo que exige investigaciones “exhaustivas, independientes y eficaces” para llevar a los responsables ante la justicia, incluyendo a autores intelectuales y cómplices.
Se recomienda crear unidades especiales de investigación, fiscales dedicados y planes nacionales de protección, especialmente en contextos sensibles como protestas, elecciones o crisis sanitarias, donde los riesgos para la prensa se incrementan notablemente.
Colaboración internacional y nuevas recomendaciones
La resolución también establece la necesidad de fomentar la cooperación entre gobiernos, organismos multilaterales, la UNESCO, empresas tecnológicas y sociedad civil para enfrentar amenazas emergentes.
El organismo contempla la realización de un estudio exhaustivo sobre la protección de periodistas en la era digital, que incluya cambios legislativos, tecnológicos y penales, con recomendaciones prácticas.
La ONU reitera que los periodistas no deben ser blanco de ataques ni en tiempos de paz ni de guerra, y recuerda que las agresiones directas contra medios o instalaciones civiles constituyen violaciones al derecho internacional humanitario.
