Miami-La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió una alerta por la reciente aprobación de una ley de inteligencia en Ecuador que podría ser utilizada para controlar la actividad periodística y afectar las libertades de expresión y prensa en el país.
El pasado 10 de junio, la Asamblea Nacional de Ecuador dio luz verde a la Ley Orgánica de Inteligencia, supuestamente con el objetivo de fortalecer la seguridad nacional. No obstante, esta normativa, que consta de 58 artículos y fue promulgada por el presidente Daniel Noboa, ha generado inquietud entre periodistas y defensores de la libertad de prensa en Ecuador.
La ley permite, sin necesidad de autorización judicial, la interceptación de comunicaciones y obliga a las operadoras de telecomunicaciones a facilitar información de sus usuarios, según medios locales. Más allá de su impacto sobre ciudadanos críticos del poder político, la legislación podría obstaculizar el trabajo periodístico, limitando el acceso a información pública. El reglamento para su aplicación se espera que esté listo en diciembre.
El artículo 51 dispone que “los operadores de servicios de telecomunicaciones estarán obligados a proporcionar (…) la información requerida para el desarrollo de actividades y/u operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Esto incluye información histórica y en tiempo real de comunicaciones y conexiones de los abonados telefónicos relacionados, información técnica, informática, de telecomunicaciones digitales, la localización de las celdas donde se encuentren las terminales, y cualquier otra información que facilite su identificación y localización”.
Fundamedios (Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios) rechazó la ley, expresando que “pone en riesgo la privacidad, el acceso a la información y la libertad de prensa”, al permitir la vigilancia estatal con fines políticos, sin controles judiciales ni transparencia. La norma crea un Sistema Nacional de Inteligencia (SNI), conformado entre otros por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que reportará directamente al presidente.
José Roberto Dutriz, presidente de la SIP y director general y CEO de La Prensa Gráfica de El Salvador, declaró: “El impacto potencial de esta legislación sobre el periodismo nos preocupa profundamente. Uno de los aspectos más inquietantes es la amenaza que representa para la privacidad de las comunicaciones y la protección de las fuentes periodísticas. El posible uso de mecanismos de vigilancia y recopilación de datos podría fomentar la autocensura e intimidar tanto a periodistas como a medios”.
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora general editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), advirtió que “esta ley podría abrir la puerta a represalias contra quienes critican al gobierno o se especializan en investigaciones periodísticas de alto impacto”. Enfatizó también: “La transparencia y la rendición de cuentas son pilares esenciales de un periodismo independiente. Cualquier intento por limitar estas prácticas debilita la democracia y el derecho de la ciudadanía a estar informada con libertad y rigor”.
La Declaración de Salta II, adoptada por la SIP en octubre de 2024 durante su Asamblea General en Córdoba, Argentina, reafirma en su artículo séptimo que “las autoridades no deben utilizar mecanismos de vigilancia digital que vulneren las libertades y la privacidad de la ciudadanía. Estos mecanismos sólo son admisibles en casos excepcionales en los que se persiga un fin legítimo, en el marco de un debido proceso con orden judicial y de acuerdo con las convenciones sobre derechos humanos. La vigilancia masiva no es aceptable en ningún caso. Las personas deben tener garantizados el acceso y control a sus datos personales recopilados por el Estado”.
El presidente Noboa firmó el 19 de marzo de 2024 las declaraciones de Chapultepec y Salta (2018). En esa ocasión, ante una delegación de la SIP que visitó Ecuador, se comprometió a garantizar las libertades de prensa y expresión.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organización sin fines de lucro con sede en Miami, Florida (Estados Unidos), defiende y promueve la libertad de prensa y expresión en las Américas, y agrupa a más de 1.300 medios del hemisferio occidental.
