A más de dos años de la promulgación de la Ley 43-23, que reconoce la lengua de señas como medio oficial de comunicación para la comunidad sorda, persiste la ausencia de su reglamento de aplicación, una omisión que limita el ejercicio pleno de derechos fundamentales en el país.
La advertencia fue realizada por la periodista Francisca Ramírez en el marco del 30 aniversario del programa Comunicación y Democracia.
La comunicadora hizo un llamado directo a instituciones clave como el Consejo Nacional de Discapacidad, el Ministerio de la Presidencia y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, así como al presidente Luis Abinader, para que se cumpla con la normativa pendiente. Según recordó, la ley establecía un plazo de 180 días para la emisión del reglamento, plazo que ya ha sido ampliamente superado.
“Han pasado más de dos años. La ausencia de este reglamento impide garantizar derechos esenciales, como el acceso a intérpretes en ámbitos críticos como la justicia y la salud”, subrayó Ramírez, al cuestionar la falta de voluntad política para hacer operativa la legislación.
La Ley 43-23 reconoce formalmente a la comunidad sorda como un grupo lingüístico que utiliza la lengua de señas como principal forma de comunicación, estableciendo su uso en espacios clave como la educación, los servicios públicos y los medios. Sin embargo, la falta de reglamentación ha convertido esta disposición en una herramienta de alcance limitado, afectando directamente a más de 150 mil personas con sordera o hipoacusia en la República Dominicana.
Datos del Censo Nacional 2023 evidencian la magnitud del desafío. Esta población enfrenta barreras estructurales para acceder a servicios básicos, en gran parte por la escasez de intérpretes y la limitada inclusión de la lengua de señas en el sistema educativo y en las instituciones públicas.
Campaña permanente desde Comunicación y Democracia
Ramírez impulsa una campaña permanente desde Comunicación y Democracia para visibilizar la situación y exigir la implementación efectiva de la ley. La iniciativa se suma a esfuerzos previos como “Escucha lo que digo”, desarrollada en 2014, que buscaba sensibilizar a la sociedad sobre los derechos de las personas con discapacidad auditiva.
Más allá del reclamo puntual, el debate abre una discusión más amplia sobre inclusión, accesibilidad y cumplimiento institucional. La reglamentación de la Ley 43-23 no solo representa un paso administrativo pendiente, sino un compromiso con la equidad y la dignidad de una comunidad históricamente invisibilizada.
En un país donde el acceso a la información y los servicios sigue siendo desigual, garantizar el uso de la lengua de señas es avanzar hacia una sociedad más inclusiva. La deuda normativa, advierten voces del sector, no puede seguir postergándose sin consecuencias para miles de ciudadanos.
