En un paso clave hacia la modernización administrativa, el Gobierno dominicano dispuso la implementación de la firma digital cualificada para la aprobación de órdenes de pago, con el objetivo de reducir tiempos de procesamiento y optimizar la gestión financiera en las instituciones públicas.
La medida permitirá que las autorizaciones se realicen a través del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y sean validadas mediante el Gestor de Firma Gubernamental (FIRMAGOB), fortaleciendo así la eficiencia operativa y la trazabilidad de los procesos. La iniciativa se sustenta en la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, que reconoce la firma digital como un mecanismo seguro para garantizar la integridad y autenticidad de documentos electrónicos.
Para formalizar su puesta en marcha, firmaron una resolución conjunta el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz; el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund; el contralor general de la República, Geraldo Espinosa; y el tesorero nacional, Luis Delgado. Durante el acto, Díaz destacó que esta disposición forma parte de los esfuerzos por avanzar hacia una gestión pública más eficiente, transparente y alineada con la estrategia de “burocracia cero” impulsada por el presidente Luis Abinader.
Desde el Ministerio de Administración Pública, Freund subrayó que la resolución permitirá agilizar trámites de forma segura, contribuyendo a elevar la competitividad del país y consolidar un modelo de Estado moderno basado en la simplificación de procesos.
La implementación se realizará de manera progresiva, conforme a un cronograma definido por las autoridades, en coordinación con entidades como la Contraloría General de la República y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC). Su aplicación será obligatoria para instituciones del Gobierno Central, entidades descentralizadas y organismos que operan bajo el SIGEF.
Con esta transformación, la Contraloría utilizará expedientes electrónicos y documentos firmados digitalmente como base para sus procesos de fiscalización y control interno, lo que permitirá una mayor eficiencia en la ejecución de pagos por parte de la Tesorería Nacional.
Además, las instituciones deberán reportar indicadores clave como tiempos de procesamiento, incidencias operativas y volumen de órdenes gestionadas digitalmente, con el fin de garantizar la mejora continua, la transparencia y la trazabilidad del sistema.
El SIGEF, como plataforma central de gestión financiera del Estado, juega un rol estratégico en este proceso, al integrar los registros presupuestarios, contables y de tesorería en operaciones vinculadas a nómina, adquisiciones, obras e ingresos.
Con la adopción de la firma digital, el Gobierno avanza hacia una administración más ágil y eficiente, donde la tecnología se convierte en aliada para fortalecer la transparencia, optimizar recursos y mejorar la experiencia de los ciudadanos en su interacción con el Estado.
