Santo Domingo,– El Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación en República Dominicana (CAESCO) emitió un informe preliminar sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales. La organización destaca la importancia de una legislación que promueva un enfoque corregulador y multiactor, permitiendo la participación activa del Estado, las empresas de servicios digitales, los medios de comunicación, periodistas y creadores de contenido en el proceso de regulación.
CAESCO valora positivamente la inclusión de medidas que exigen a las plataformas digitales transparencia en el funcionamiento de sus algoritmos, especialmente en los de moderación y recomendación de contenido. Estos algoritmos juegan un papel crucial en la libertad de expresión en entornos privados, ya que determinan qué contenido es visible para los usuarios y en qué momento.
La organización también resalta la relevancia de incorporar la Inteligencia Artificial (IA) en la legislación, dada su influencia en la creación de contenido y su potencial uso en contextos sensibles como procesos electorales, seguridad y salud.
CAESCO, una entidad comprometida con la libertad de expresión
Miguel Otáñez, presidente de CAESCO, enfatizó la necesidad de abordar la alfabetización mediática y digital en el anteproyecto de ley. Estas herramientas son esenciales para que la ciudadanía participe activamente en la corregulación y ejerza sus derechos en los entornos digitales y tradicionales.
Otáñez también señaló que el desafío principal radica en la implementación efectiva de la ley, estableciendo códigos de conducta, procedimientos y reglamentos que sean funcionales y legítimos, evitando la sobrerregulación que pueda limitar derechos o convertirse en letra muerta por falta de recursos.
El informe de CAESCO destaca que el anteproyecto conserva garantías importantes como el acceso universal a internet, la cláusula de conciencia, el secreto profesional, el acceso a fuentes, la seguridad de los periodistas, la prohibición de la censura previa y la promoción de la pluralidad y neutralidad tecnológica.
Sin embargo, la organización advierte sobre la necesidad de evitar ambigüedades que puedan desdibujar las fronteras entre el derecho a la libertad de expresión y otros derechos fundamentales, lo que podría afectar el clima democrático. Otáñez subrayó que la legislación debe adaptarse a la velocidad de la tecnología, un desafío inherente a la naturaleza dinámica de la innovación digital.
