
Miami.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebra el reciente fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica como un precedente clave en defensa de la libertad de prensa y del derecho de los periodistas a ejercer su labor sin discriminación ni estigmatización por parte del poder público.
El tribunal constitucional, conocido como Sala IV, resolvió por unanimidad a favor de tres periodistas locales en dos recursos de amparo contra el gobierno del presidente Rodrigo Chaves, aludiendo a violaciones a la libertad de prensa y al derecho de acceso a la información, según informes de prensa.
En el primer caso, el periodista Guzmán Suárez fue interrumpido de forma abrupta por el mandatario durante una conferencia sobre la “Ley Jaguar”, con el aparente fin de impedirle continuar su pregunta.
En el segundo, los periodistas Bolaños Acuña y Chavarría Hernández, de Radio Interferencia y Doble Check, fueron rodeados por la Unidad de Protección Presidencial cuando intentaban repreguntar sobre el proyecto de ley de jornadas 4×3.
La Sala Constitucional falló a favor de los periodistas en ambos casos. En el primero, condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, y en el segundo responsabilizó al Ministerio de la Presidencia, aunque sin compensación económica.
Esta resolución confirma lo que una misión de la SIP evidenció en enero: una preocupante degradación de la libertad de prensa en Costa Rica, impulsada por un discurso oficial estigmatizante que ha generado hostilidad y autocensura en varias redacciones.
La SIP ya había celebrado una decisión similar en mayo de 2023, cuando el tribunal falló a favor del periodista Jason Ureña, de CRHoy, tras agravios verbales del presidente Chaves y la exministra Joselyn Chacón, quienes tildaron a periodistas de “sicarios políticos”.
“Este fallo (…) marca un hito regional contra la estigmatización desde el poder. Es un precedente clave para proteger la libertad de prensa en contextos democráticos que enfrentan discursos autoritarios”, expresó José Roberto Dutriz, presidente de la SIP.
También Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, señaló que la decisión fortalece la tradición democrática de Costa Rica y envía un mensaje claro: los gobiernos no pueden castigar con el silencio a quienes hacen preguntas incómodas.
Durante su reunión de medio año (abril 2025), la SIP aprobó una resolución especial contra la estigmatización desde el poder, donde alertó sobre el uso creciente de discursos oficiales para desacreditar a medios y periodistas, citando el caso de Costa Rica como ejemplo preocupante.
La SIP, con sede en Miami, es una organización sin fines de lucro que agrupa a más de 1.300 medios en las Américas y trabaja en la defensa de la libertad de expresión.






