«Por primera vez se ordena detener un parto en República Dominicana», así lo afirma el comunicado del Movimiento de Mujeres Trabajadoras.
Luz Eneyda Mejía», directora del movimiento, indicó que “con solo cumplir la ley, avanzamos a la solución del problema”, quienes denuncian como un hecho sin precedentes en el país «la suspensión del nacimiento de un ser humano por el estatus migratorio irregular de su madre».
“No creemos que haya ocurrido en otro país antes, pero en estos 48 mil kilómetros cuadrados es posible morir de asombro en pleno siglo XXI”
Un hecho insólito marca la historia reciente de la República Dominicana: por resolución escrita, se ordenó detener el parto de una mujer porque no contaba con documentos migratorios actualizados.
Este acto, calificado por Mejía como un “hito en la historia de la discriminación social”, revela la profunda inhumanidad de las estructuras de poder que gobiernan.
La paradoja es evidente: quien expresa dolor ante una pérdida humana, es el mismo que ordena suspender el nacimiento de una nueva vida. En palabras de Luz Eneyda, “sublime y ridículo se entrelazan, pero nos empujan más cerca de la ignominia que de la justicia.”
Testimonios recogidos en la maternidad muestran la crudeza del procedimiento: militares escoltando a mujeres embarazadas hacia un autobús, convertido en un improvisado tribunal donde se dictaba sentencia por el simple hecho de ser mujer, negra, pobre y haitiana.
“¿Cuál es el delito? ¿Ser trabajadora? ¿Ser madre? ¿Ser migrante? ¿Y esa condición justifica arrebatarle sus derechos humanos?”
Este acontecimiento abre un debate urgente sobre el trato a las mujeres migrantes en el país, los derechos humanos y el papel del Estado ante situaciones de vulnerabilidad extrema.
Para Mejía, no se trata de cerrar los ojos ante la realidad migratoria, sino de entender que el cumplimiento justo de la ley puede y debe ser el camino hacia la solución. “Con solo cumplir la ley, avanzamos a la solución del problema.”
