La Ley de Libertad de Prensa entró en vigor oficialmente en la Unión Europea tras más de un año de su aprobación, marcando un hito en la protección de periodistas y medios de comunicación.
Sin embargo, el cumplimiento de la normativa sigue siendo desigual en los 27 Estados miembros, siendo Italia uno de los países con mayores retrasos, principalmente debido a los desafíos relacionados con la reforma de la RAI y el polémico caso Paragon.
La normativa, aprobada el 13 de marzo de 2024 y vigente desde mayo del mismo año, busca garantizar la independencia editorial y blindar a los periodistas frente a la vigilancia, la censura y las presiones gubernamentales.
Uno de sus puntos clave es la prohibición del uso de software espía, así como cualquier tipo de intimidación legal o administrativa que obligue a revelar fuentes.
La ley también establece que los medios deben transparentar sus estructuras de propiedad y los fondos que reciben, incluidos los provenientes de publicidad estatal o de terceros países.
En paralelo, se incorpora un nuevo enfoque frente a las grandes plataformas digitales como Facebook, X o Instagram: estas estarán obligadas a notificar con antelación a los medios si planean restringir su contenido, brindándoles 24 horas para responder.
Italia lleva retraso
Italia, bajo el gobierno de Giorgia Meloni, aún no ha implementado por completo estos lineamientos.
El país enfrenta tensiones internas por la falta de avance en la reforma de la RAI —la radio y televisión pública— y por el escándalo del software israelí Paragon, presuntamente utilizado para espiar a 90 periodistas y activistas.
Esta situación ha generado críticas desde el Parlamento Europeo y presión de la oposición italiana, que vincula ambos temas como muestra de la fragilidad institucional en materia de libertad de prensa.
En respuesta, el gobierno italiano pretende presentar una nueva propuesta para reformar el sistema de nombramientos en la RAI entre septiembre y octubre, pasando esta responsabilidad al Parlamento con un sistema de votación reforzada. Sin embargo, partidos opositores han calificado el proyecto como un intento de “ocupación política”.
Más allá de Italia, se espera que la Comisión Europea vigile estrechamente el cumplimiento de la ley, especialmente en países como Hungría, donde existen antecedentes de vulneración del Estado de derecho.
Además, la aplicación de la ley podría generar tensiones a nivel internacional, particularmente con actores como Donald Trump, crítico de la regulación europea sobre plataformas digitales.
