Lima.– Joel Simon, director de la Iniciativa para la Protección del Periodismo de la Escuela de Periodismo Craig Newmark de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), pidió al fiscal de la Nación de Perú, Tomás Gálvez, no autorizar un proceso penal contra Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, por considerar que la medida podría criminalizar el ejercicio del periodismo de investigación.
La petición fue formulada en una carta fechada el 20 de julio de 2026 y difundida por IDL-Reporteros dos días después.
Simon sostiene que avanzar con una acusación contra Gorriti como consecuencia de su trabajo periodístico supondría una afectación directa a la libertad de prensa y al Estado de derecho.
El pronunciamiento se produce después de que el fiscal Edward Casaverde remitiera el 10 de julio un informe al fiscal de la Nación solicitando autorización para ejercer acción penal contra Gorriti por el presunto delito de cohecho.
IDL-Reporteros sostiene que el expediente se apoya en el testimonio de Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal Patricia Benavides.
La investigación sobre Odebrecht está en el centro del caso
Las acusaciones están relacionadas con el trabajo periodístico desarrollado por Gorriti e IDL-Reporteros alrededor del caso Lava Jato y las investigaciones sobre la constructora brasileña Odebrecht en Perú.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) señala que el Congreso peruano aprobó un informe de una comisión multipartidaria que recomendó presentar denuncias contra fiscales y contra Gorriti por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. La acusación parte de la hipótesis de que el periodista habría ofrecido favores mediáticos a cambio de influir en decisiones del Ministerio Público.
IDL-Reporteros fue uno de los medios que investigó las redes de sobornos, financiamiento ilícito de campañas y contratos públicos vinculados con Odebrecht en Perú. Parte de ese trabajo obtuvo en 2019 el Global Shining Light Award por periodismo de investigación.
Simon sostiene en su carta que llevar a Gorriti ante la justicia en represalia por esas investigaciones sería incompatible con las garantías fundamentales de libertad de expresión y con la necesidad de proteger el periodismo que fiscaliza a los poderes públicos.
Más de 230 periodistas y organizaciones han expresado preocupación
La carta de Simon no constituye un pronunciamiento aislado.
El 24 de junio, el CPJ se sumó a más de 230 periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de prensa de 18 países para pedir a la Fiscalía peruana que rechazara las recomendaciones de procesamiento contra Gorriti.
La declaración calificó el informe parlamentario como un uso del poder institucional dirigido a hostigar y silenciar al periodista por investigaciones que han comprometido a figuras políticas y judiciales.
El caso ha despertado especial atención por la trayectoria de Gorriti, considerado uno de los referentes del periodismo de investigación latinoamericano.
El periodista recibió en 1998 el Premio Internacional de Libertad de Prensa del CPJ por una trayectoria que incluye investigaciones sobre conflictos armados, corrupción y abusos del poder tanto en Perú como en otros países de la región.
Una controversia que trasciende a un periodista
La discusión va más allá de determinar la responsabilidad individual de Gorriti frente a una acusación penal.
En el centro se encuentra una cuestión decisiva para el ejercicio periodístico: hasta dónde puede utilizarse el sistema penal para investigar las relaciones entre periodistas y fuentes cuando esas relaciones forman parte de investigaciones de interés público.
El CPJ ya había alertado en años anteriores sobre presiones contra IDL-Reporteros y sobre intentos de obligar a Gorriti a revelar información relacionada con sus fuentes. En 2018, por ejemplo, la organización pidió a las autoridades peruanas cesar acciones que pudieran intimidar a periodistas que investigaban corrupción.
La preocupación se ha intensificado con el actual proceso, porque organizaciones internacionales consideran que una acusación basada en la relación profesional entre un periodista de investigación y sus fuentes puede generar consecuencias que trasciendan al propio Gorriti.
Perú inicia una nueva etapa política
La controversia se produce además a pocos días de un cambio de Gobierno.
Keiko Fujimori fue proclamada oficialmente presidenta electa de Perú el 3 de julio y asumirá la Presidencia el 28 de julio de 2026 para el período 2026-2031, de acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones.
Simon menciona precisamente esa transición política en su carta y advierte sobre el impacto que podría tener el proceso contra Gorriti tanto para la Fiscalía como para la nueva administración.
El caso coloca así nuevamente sobre la mesa una discusión que atraviesa al periodismo latinoamericano: la protección de quienes investigan corrupción y poder frente al uso de mecanismos judiciales que organizaciones de prensa consideran capaces de producir intimidación o autocensura.
La decisión final sobre una eventual acción penal corresponde ahora a la Fiscalía peruana.
Para las organizaciones que han expresado respaldo a Gorriti, lo que ocurra no será observado únicamente como un caso judicial individual, sino también como una prueba sobre las condiciones en las que podrá ejercerse el periodismo de investigación en Perú.
