La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) llamó a que cualquier modificación a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, modificada por la Ley 98-25, se lleve a cabo mediante un proceso amplio de consulta, sustentado en evidencia técnica y en el consenso entre los distintos sectores vinculados a la gestión de los residuos.
A través de un comunicado, la organización empresarial sostuvo que una reforma de esta naturaleza debe preservar los principios de participación, transparencia y rigor técnico que dieron origen al marco legal vigente, el cual fue resultado de más de una década de trabajo conjunto entre representantes de los sectores público, privado, académico y social.
Ecored recordó que la aprobación de la Ley 225-20 constituyó un hito para el país al establecer las bases para avanzar hacia un modelo de economía circular, promoviendo una gestión más eficiente y sostenible de los residuos sólidos. En ese sentido, consideró que cualquier cambio estructural debe construirse sobre los consensos alcanzados y fortalecer los avances logrados.
“Por ello, cualquier reforma de alcance estructural debe preservar los principios de participación, transparencia y rigor técnico que caracterizaron su formulación”, expresó la entidad en el documento.
La organización indicó que los desafíos relacionados con el manejo de los residuos sólidos requieren una visión integral que incentive la innovación, promueva mayores inversiones en infraestructura, fortalezca los mercados de materiales recuperados e impulse la educación ciudadana y la corresponsabilidad de todos los actores que intervienen en la cadena de valor.
Sostenibilidad ambiental y la competitividad empresarial
Asimismo, enfatizó que la sostenibilidad ambiental y la competitividad empresarial no son objetivos contrapuestos, sino complementarios, por lo que resulta indispensable evaluar de manera objetiva el impacto económico que podrían generar nuevas obligaciones regulatorias antes de su aprobación.
Ecored destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de gobernanza, transparencia e independencia en la administración de los recursos destinados a la gestión de residuos, con el propósito de consolidar la confianza entre las instituciones, el sector privado y la ciudadanía.
La entidad también consideró que la República Dominicana se encuentra en una posición favorable para robustecer su marco normativo y consolidar una verdadera economía circular, capaz de responder de forma sostenible a los desafíos ambientales, al tiempo que promueve la competitividad, la seguridad jurídica y la confianza institucional.
Ecored reiteró su disposición de aportar su experiencia técnica durante el proceso de discusión de la reforma, convencida de que las políticas públicas más efectivas surgen del diálogo abierto y la colaboración entre todos los sectores.
Como única asociación empresarial del país dedicada a impulsar la conservación del medio ambiente, la resiliencia, la adaptación al cambio climático, la gestión del riesgo de desastres y la sostenibilidad, Ecored reafirmó su compromiso de continuar promoviendo la integración de estos principios en los modelos de negocio de las empresas dominicanas y en las políticas orientadas al desarrollo sostenible.
