Santo Domingo.– Elías Báez, director de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), calificó como “justa y resarcitoria” la reciente sentencia TC/0305/25 del Tribunal Constitucional, que anuló varias disposiciones del Contrato de Póliza de Discapacidad y Sobrevivencia, aprobado por la Resolución No. 569-03 del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).
Entre las disposiciones anuladas se encuentran el límite de edad de 65 años para acceder a la pensión por discapacidad y el plazo de prescripción para solicitar pensiones por discapacidad o sobrevivencia. El Tribunal determinó que dichas restricciones vulneraban derechos fundamentales al ser regresivas y contrarias a los principios constitucionales de progresividad, igualdad, dignidad humana, razonabilidad y favorabilidad.
En este aspecto, Báez expresó su respaldo a la decisión, destacando que se trata de una medida que restablece un derecho consagrado en la Ley 87-01, mediante el seguro de discapacidad y sobrevivencia, respaldado a su vez por el derecho a la seguridad social contemplado en la Constitución. Añadió que una de las propuestas de la DIDA para la modificación de la ley incluye la incorporación del principio de imprescriptibilidad.
A raíz de la sentencia, la DIDA iniciará una revisión de los casos archivados o cerrados que fueron afectados por las disposiciones ahora anuladas. Asimismo, la institución reactivará gestiones de seguimiento para los afiliados impactados por dichas limitaciones y actualizará las orientaciones y servicios brindados al público, incorporando esta nueva jurisprudencia.
La DIDA también participará activamente en el proceso de modificación del contrato de póliza, aportando evidencia basada en casos reales. Durante la vigencia de los distintos contratos, la entidad ha sostenido una postura firme ante el CNSS, abogando por la eliminación de las restricciones de edad y prescripción, aunque su solicitud fue previamente rechazada. No obstante, el CNSS instruyó a la DIDA a conformar una mesa de trabajo para evaluar los casos reclamados y mejorar la interpretación normativa.
“La protección de los derechos de las personas envejecientes y con discapacidad debe ser prioritaria en un sistema de seguridad social digno, inclusivo y justo. Esta sentencia nos da nuevas herramientas para continuar luchando en ese camino”, concluyó Báez.
