En una importante medida para garantizar la transparencia y el control de los fondos públicos, la Contraloría General de la República (CGR) anunció que auditará a 111 instituciones públicas en colaboración con firmas privadas durante el ejercicio fiscal 2025.
Esta acción, que sigue las directrices del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, se llevará a cabo en conformidad con las disposiciones constitucionales y las leyes sobre el control de las finanzas públicas.
A través de la circular núm. IN-CGR-CIR-2025-001, firmada por el contralor general, Félix Santana García, la CGR informó a los responsables de las instituciones públicas sobre el proceso de auditoría.
La medida busca asegurar la correcta gestión de los recursos públicos y garantizar la eficiencia del Sistema Nacional de Control Interno. Según la circular, las instituciones deberán gestionar los recursos presupuestarios necesarios para la contratación de firmas privadas, las cuales llevarán a cabo las auditorías internas bajo la supervisión de técnicos especializados de la Contraloría.
El marco legal que sustenta esta iniciativa es el artículo 28 de la Ley núm. 10-07, que establece el Sistema Nacional de Control Interno. Esta ley permite la colaboración de firmas externas para realizar auditorías internas y evaluaciones especiales, en conjunto con las Unidades de Auditoría Interna de la Contraloría. De acuerdo con Santana García, las auditorías comenzarán en julio de 2025, con una fase de contratación entre abril y junio del mismo año, y deberán concluir antes de finalizar el ejercicio fiscal.
La auditoría se llevará a cabo por niveles de gobierno, iniciando con las 111 instituciones descentralizadas, autónomas, empresas públicas no financieras y entidades de la seguridad social. Posteriormente, se enfocarán en las instituciones restantes, incluyendo el Gobierno Central y las municipalidades. Esta primera fase tiene como objetivo asegurar que el proceso abarque al 100% de las entidades gubernamentales.
El contralor general resaltó que este esfuerzo responde al interés del presidente Abinader de cumplir con las normativas vigentes, como la Ley núm. 10-07, la Ley de Contrataciones Públicas núm. 340-06, y su reglamento núm. 416-23. El proceso está diseñado para fortalecer el Sistema Nacional de Control Interno y contribuir a la transparencia en la gestión pública, lo que permitirá aumentar la confianza de la ciudadanía en el manejo de los recursos estatales.
Esta medida, que marca un paso importante en el impulso de la auditoría pública en el país, subraya la voluntad del gobierno de garantizar que todos los niveles del gobierno rindan cuentas de manera adecuada, con la supervisión de firmas privadas especializadas en auditoría.
