La Contraloría General de la República (CGR) dio un nuevo paso en el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y control institucional al concluir la capacitación especializada de 39 directivos, auditores e investigadores de su Unidad Antifraude, quienes recibieron certificación internacional sobre el manejo del Sistema Integral de Denuncias y los mecanismos formales de protección al denunciante.
La iniciativa forma parte de los esfuerzos de modernización y robustecimiento de la plataforma Alerta Segura CGR, una herramienta creada para facilitar la recepción de denuncias relacionadas con posibles actos de fraude, corrupción, conflictos de intereses e irregularidades administrativas dentro de las instituciones bajo supervisión de la entidad.
Durante el acto de entrega de certificados, el contralor general de la República, Geraldo Espinosa, destacó que la capacitación busca garantizar respuestas más ágiles, eficientes y confiables a las denuncias presentadas por la ciudadanía.
“El propósito es fortalecer la capacidad y eficiencia de respuesta a las denuncias que reciba la institución a través de Alerta Segura CGR, un mecanismo formal por el cual la ciudadanía ya puede denunciar con la confianza de que su identidad estará protegida y la institución está lista para escuchar y actuar”, expresó.
La ceremonia se llevó a cabo en la Escuela Nacional de Control Interno (ENCI), con la participación de su director, Cristian Báez, representantes de la firma internacional Cessabit Sinergia y la facilitadora Juanita Ospina. La capacitación se desarrolló en el marco del Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El programa formativo incluyó aspectos esenciales para la gestión de denuncias, entre ellos la aplicación de 17 criterios de tipificación de conductas denunciables, los mecanismos de recepción multimodal, criterios de admisibilidad, protocolos de investigación preliminar y procedimientos de seguimiento y retroalimentación a los denunciantes.
Según explicó la Contraloría, las denuncias canalizadas a través de Alerta Segura CGR deben estar vinculadas a hechos que puedan comprometer el uso adecuado de los recursos públicos, el cumplimiento normativo o los procesos administrativos de las entidades supervisadas. Cada caso es recibido, clasificado y evaluado conforme a criterios técnicos y bajo estrictos protocolos de confidencialidad.
El contralor también resaltó que el sistema está diseñado para garantizar el acceso de toda la ciudadanía, incluyendo a los dominicanos residentes en el exterior.
“Cualquier persona puede denunciar conductas de fraude, corrupción, conflicto de intereses o irregularidades administrativas a través de los canales habilitados: presencial, digital y telefónico, con cobertura nacional e incluyendo a la diáspora dominicana”, indicó.
La plataforma permite presentar denuncias mediante el portal institucional, aplicaciones móviles para Android e iOS, WhatsApp y correo electrónico, ampliando las opciones de acceso para los usuarios y fortaleciendo la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública.
La protección ofrecida por el sistema abarca tanto a servidores públicos que decidan reportar irregularidades dentro de las instituciones estatales como a ciudadanos, proveedores, contratistas y organizaciones de la sociedad civil, reforzando así las garantías de seguridad y confidencialidad para quienes colaboren en la prevención y detección de actos contrarios a la ética y la legalidad.
Durante la actividad también estuvieron presentes el subcontralor de la República, Cecilio Disla; el responsable de la Unidad Antifraude, Leónidas Radhamés Peña; y el responsable de Auditorías Especiales, Rolando Saldivar, junto a otros representantes del organismo.
La certificación del personal especializado y el fortalecimiento de Alerta Segura CGR forman parte de una estrategia más amplia orientada a consolidar una cultura de transparencia, integridad y rendición de cuentas, en momentos en que las instituciones públicas enfrentan una creciente demanda ciudadana por una gestión más abierta, eficiente y responsable.
