Miami.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebró el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá como un precedente fundamental en la defensa de la libertad de expresión en la región.
La sentencia, emitida por la Sala Primera de lo Civil y con ponencia del magistrado Olmedo Arrocha Osorio, desestimó de forma definitiva una demanda civil contra el diario La Prensa, presentada hace casi 20 años.
Fin a un litigio de dos décadas
El caso se originó en 2005, cuando la exfiscal Argentina Barrera demandó al medio por una publicación basada en un comunicado oficial del Ministerio Público que informaba sobre su destitución.
En su demanda, Barrera solicitaba un millón de dólares por daño moral, alegando que el titular del artículo vinculaba su nombre a actos de corrupción.
No obstante, la Corte concluyó que la publicación no contenía falsedades ni se apartaba del estándar periodístico exigido, señalando que el contenido se basaba en hechos verificables y de interés público.
“No puede catalogarse lo publicado como un hecho ilícito, pues no se ha acreditado que el comportamiento de la demandada estuviese alejado del estándar exigido para estos casos”, estableció la sentencia.
Defensa contra la censura judicial
El fallo también advirtió sobre el impacto negativo de las demandas desproporcionadas contra medios de comunicación y periodistas, afirmando que las indemnizaciones infladas buscan silenciar la labor informativa más que resarcir daños reales.
Uno de los elementos más relevantes del fallo fue la aplicación, por primera vez en Panamá, del estándar de “real malicia”, doctrina establecida por la Corte Suprema de EE.UU. en el histórico caso New York Times vs. Sullivan (1964).
Según esta doctrina, no puede haber responsabilidad civil por expresiones sobre figuras públicas a menos que se demuestre que fueron hechas con conocimiento de su falsedad o con intención deliberada de causar daño.
Reacciones desde la SIP
José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, consideró la decisión como “una victoria para la libertad de prensa en Panamá y un respaldo al rol fiscalizador del periodismo”.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, agregó que la decisión “envía un mensaje claro contra la judicialización abusiva del ejercicio periodístico”.
Contexto preocupante para la prensa panameña
La Prensa enfrenta actualmente 22 procesos judiciales (11 civiles y 11 penales) promovidos por exfuncionarios, contratistas estatales y figuras públicas, con demandas que superan los 20 millones de dólares.
La SIP ha alertado sobre los riesgos del marco legal panameño, que permite el congelamiento preventivo de activos, una herramienta que puede usarse para debilitar financieramente a los medios.
La duración del proceso -casi dos décadas- fue calificada por el diario como una forma de castigo en sí misma.
El fallo llega pocos meses después de que los presidentes de los tres poderes del Estado panameño firmaran las Declaraciones de Chapultepec y Salta II, reafirmando su compromiso con la libertad de prensa como base de la democracia.
La SIP, con sede en Miami, agrupa a más de 1,300 medios de comunicación de las Américas y trabaja en la defensa de la libertad de prensa y de expresión en todo el hemisferio occidental.
