El proyecto de Ley de Contrataciones Públicas aprobado recientemente por la Cámara de Diputados y ahora en manos del Senado de la República Dominicana, podría permitir que instituciones estatales contraten publicidad sin concurso público, mediante procedimientos de excepción definidos por la misma legislación.
El artículo 78 del proyecto establece que las contrataciones para difusión en medios o plataformas pueden realizarse bajo un proceso de excepción, el cual exime a las instituciones del cumplimiento de las reglas ordinarias: se reducen los plazos, se limitan las normas de competencia y se justifica su uso por su naturaleza especial.
Esto significa que una institución pública podría contratar espacios en televisión, radio, prensa escrita o redes sociales sin concurso de precios ni procesos competitivos, siempre que la contratación sea directa con los medios, sin uso de intermediarios como agencias profesionales.
Justificación limitada y preocupaciones sobre transparencia
Aunque el artículo 79 del mismo proyecto exige que el uso de estos métodos de excepción esté justificado mediante resolución del Comité de Contrataciones Públicas de la entidad contratante, expertos y organizaciones civiles han manifestado preocupación por el posible impacto negativo en la transparencia, la eficiencia del gasto público y la calidad técnica de las campañas.
Reducción del gasto en publicidad estatal
Un informe reciente de Participación Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, reveló que el gobierno dominicano redujo su inversión publicitaria en un 21.65 % durante el primer cuatrimestre de 2025, en comparación con el mismo período de 2024. En concreto, se pasó de RD$3,121 millones a RD$2,445 millones.
La organización también criticó la falta de criterios claros para la contratación, la escasa distribución pública por medios, la ausencia de objetivos definidos para las campañas y la opacidad sobre los beneficiarios de contratos millonarios, lo cual vulnera los principios de rendición de cuentas establecidos en la Ley 340-06.
Otras disposiciones del proyecto
Además del tratamiento especial a la publicidad estatal, el nuevo proyecto establece:
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Uso obligatorio de una «Tienda Virtual» oficial para adquirir productos y servicios.
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Registro digital obligatorio de todo el proceso de contratación, desde planificación hasta pagos, en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
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Legalización de comisiones de veeduría ciudadana, con facultad para observar y emitir informes sobre los procesos, aunque sin poder vinculante.
Próximos pasos
Tras su aprobación en dos lecturas en la Cámara Baja, el proyecto regresa ahora al Senado, donde se originó y fue aprobado previamente. Si se ratifica sin modificaciones, pasará al Poder Ejecutivo, quien podrá promulgarlo u observarlo antes de su entrada en vigencia como ley.
