Un análisis elaborado por el Ministerio de Administración Pública (MAP), con apoyo del PNUD, identifica avances en infraestructura pública digital y plantea acciones para fortalecer la interoperabilidad, la gobernanza, la ciberseguridad y la confianza digital.
Santo Domingo. República Dominicana cuenta con condiciones favorables para acelerar la transformación digital del Estado, pero enfrenta el reto de integrar las capacidades desarrolladas en un ecosistema interoperable, sostenible y centrado en las personas.
Así lo establece el “Análisis de la Preparación Digital y Salvaguardas de la Infraestructura Pública Digital de la República Dominicana”, elaborado por el Ministerio de Administración Pública (MAP) con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que identifica los principales avances del país y las brechas que todavía limitan el aprovechamiento pleno de las herramientas digitales.
El estudio destaca progresos en la construcción de una Infraestructura Pública Digital (DPI) interoperable, la expansión de la conectividad nacional, el fortalecimiento de las capacidades vinculadas con la identidad y la firma digital y el crecimiento del ecosistema de pagos digitales.
No obstante, el diagnóstico también advierte sobre desafíos estructurales. Entre ellos se encuentran la fragmentación institucional, que dificulta la interoperabilidad y la posibilidad de escalar soluciones; el déficit de capacidades digitales, especialmente dentro del sector público; y la adopción todavía limitada de tecnologías avanzadas en el tejido empresarial.
A estas brechas se suman desafíos relacionados con la protección de datos y la confianza digital, así como desigualdades en el acceso a la tecnología y en las competencias digitales de los grupos más vulnerables.
Infraestructuras digitales
Para el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, los avances alcanzados por las instituciones públicas han permitido fortalecer sus infraestructuras digitales y mejorar la calidad de los servicios.
“Hemos construido los cimientos, ahora corresponde consolidar la estructura. Durante décadas, los Estados invirtieron en carreteras, puertos, aeropuertos y redes eléctricas porque comprendieron que ninguna economía puede prosperar sin infraestructura común. En el siglo XXI, esa misma lógica se extiende al ámbito digital”, manifestó Freund.
Desde la perspectiva del PNUD, el desafío tampoco se limita a incorporar tecnología. Ana María Díaz, representante residente del organismo en el país, subrayó que las políticas públicas y las instituciones son determinantes para que la innovación contribuya al desarrollo.
“Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo entendemos que la tecnología, por sí sola, no transforma sociedades. Son las políticas públicas, las instituciones y las decisiones que tomamos como país las que determinan si la innovación amplía oportunidades, fortalece la confianza y reduce desigualdades”, afirmó Díaz.
El análisis plantea, por tanto, evolucionar hacia un modelo de administración digital en el que instituciones, datos, plataformas tecnológicas y ciudadanos funcionen como partes de un sistema articulado, respaldado por reglas claras de gobernanza y mecanismos de coordinación.
Papel estratégico
En este esquema, el MAP tendría un papel estratégico como órgano rector de la administración pública digital, orientando políticas, estándares y lineamientos relacionados con los servicios públicos digitales, la simplificación administrativa, la innovación pública y la gestión del cambio institucional.
El diagnóstico señala que el país se encuentra en una etapa en la que el desafío principal ya no consiste únicamente en incorporar nuevas tecnologías, sino en integrar, escalar y hacer sostenibles las capacidades existentes.
Para avanzar en esa dirección, el estudio propone un Plan de Acción que contempla consolidar la Plataforma Nacional de Interoperabilidad como eje estructural del Estado digital, avanzar hacia una identidad digital interoperable y universal y fortalecer los pagos digitales como infraestructura pública.
También plantea desarrollar capacidades digitales tanto en el servicio público como entre la ciudadanía e incorporar desde el diseño mecanismos de protección de datos, ciberseguridad y salvaguardas para la infraestructura pública digital.
Visión de transformación digital
La propuesta implica, además, superar una visión de transformación digital limitada a la digitalización de trámites. El objetivo es rediseñar la gestión pública mediante procesos integrados, servicios centrados en las personas y decisiones sustentadas en datos.
El enfoque incluye criterios de accesibilidad, usabilidad, inclusión y perspectiva de género, junto con una mayor profesionalización del servicio público y una coordinación institucional que permita aprovechar de manera más eficiente las herramientas disponibles.
Julio A. Ferreira, vicerrector Académico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), destacó en este proceso la importancia de la colaboración entre el Estado, la academia y otros sectores.
“Los desafíos de esta magnitud no pueden abordarse de manera aislada, se requiere cooperación y la voluntad de construir acuerdos que trasciendan intereses particulares y se traduzcan en decisiones sostenidas para el país”, expresó Ferreira.
El diagnóstico se complementa con un Plan de Acción para las Salvaguardas, orientado a fortalecer la gobernanza, la interoperabilidad, la protección de datos, la ciberseguridad y la confianza digital.
En conjunto, ambos instrumentos buscan establecer una hoja de ruta para consolidar un Estado más articulado, transparente y eficiente, con capacidad para ofrecer servicios digitales de mayor calidad y responder a las necesidades de una ciudadanía cada vez más vinculada con los entornos digitales.
El análisis, presentado por el consultor del PNUD Osvaldo Larancuent, concluye que los avances registrados reflejan una voluntad política sostenida y una creciente apropiación de las tecnologías digitales por parte de instituciones públicas, empresas y ciudadanos.
El próximo desafío, de acuerdo con el diagnóstico, será convertir esas capacidades en un sistema integrado y sostenible. Para República Dominicana, la transformación digital del Estado entra así en una etapa en la que la infraestructura deja de ser el único objetivo y adquieren mayor relevancia la coordinación institucional, la confianza, la protección de los datos y la capacidad de poner la tecnología al servicio de las personas.
