El Instituto Duartiano expresó este jueves su preocupación por el acuerdo suscrito entre autoridades dominicanas y de Estados Unidos para permitir el ingreso al país de ciudadanos de terceros países deportados desde territorio estadounidense, al considerar que la medida podría vulnerar el ordenamiento jurídico migratorio y comprometer aspectos vinculados a la soberanía nacional.

La posición fue fijada por Wilson Gómez Ramírez, presidente de la entidad patriótica, quien calificó el convenio como una actuación “excesivamente complaciente” por parte de las autoridades dominicanas y advirtió sobre las implicaciones legales y constitucionales que, a su juicio, podría generar la aplicación de este mecanismo.

Según Gómez Ramírez, la legislación migratoria dominicana contempla únicamente el ingreso de ciudadanos dominicanos y, en casos específicos, de extranjeros que hayan cumplido previamente con los requisitos de visado establecidos por las autoridades consulares del país. En ese sentido, sostuvo que permitir el traslado de ciudadanos deportados desde Estados Unidos contradiría el marco jurídico vigente.

El dirigente también cuestionó que la medida surja en un contexto marcado por la presión migratoria que enfrenta la República Dominicana debido al flujo irregular de ciudadanos haitianos. Afirmó que mientras las autoridades desarrollan operativos para controlar la migración irregular, este tipo de acuerdos podría generar contradicciones en la política migratoria nacional.

Asimismo, el presidente del Instituto Duartiano recordó que hace apenas unos meses el presidente Luis Abinader había descartado públicamente la posibilidad de un acuerdo de esta naturaleza, por lo que expresó preocupación ante lo que calificó como un cambio de postura del Gobierno en torno al tema.

Otro de los puntos señalados por la entidad tiene que ver con las implicaciones estratégicas y soberanas relacionadas con el uso de aeropuertos militares dominicanos y el aterrizaje de aeronaves militares extranjeras en territorio nacional. Gómez Ramírez consideró que estas operaciones deberían ser objeto de un debate amplio y transparente debido a su impacto en la seguridad y la soberanía del país.

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De igual forma, el jurista hizo un llamado al mandatario dominicano para revisar las actuaciones de funcionarios vinculados al Ministerio de Relaciones Exteriores, alegando que algunas decisiones podrían afectar la imagen y la dignidad de la nación ante la comunidad internacional.

La posición del Instituto Duartiano se suma al debate público que ha comenzado a generarse en torno a las políticas migratorias y a los acuerdos de cooperación internacional en materia de deportaciones, un tema que mantiene sensibilidad social y política en la República Dominicana debido a su impacto en la seguridad, la economía y las relaciones exteriores.

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