La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación y condena ante el incremento de acciones judiciales y administrativas en Ecuador contra el Grupo Granasa, empresa editora de los diarios Expreso y Extra.
Desde su sede en Miami, la organización advirtió que este escenario evidencia un deterioro en las garantías para el ejercicio de la libertad de prensa en el país sudamericano.
La situación alcanzó un nuevo nivel de tensión tras la presentación de una denuncia penal por presunta asociación ilícita contra varios directivos de Granasa. La acción fue interpuesta por el liquidador de la empresa Veranera S.A., Carlos Xavier Cadena Asencio, en medio de una disputa por el control del 40 % del paquete accionario de la compañía.
Entre los señalados figuran Ingrid Francisca Martínez Leisker, accionista de la empresa, así como el presidente ejecutivo Galo Martínez Leisker y otros miembros de la dirección del grupo editorial.
La SIP sostuvo que este proceso no puede analizarse únicamente desde una perspectiva mercantil o penal, ya que forma parte de una serie de actuaciones institucionales —judiciales, administrativas y regulatorias— que podrían incidir en la estructura de propiedad y, eventualmente, en la línea editorial de uno de los principales grupos periodísticos de Ecuador.
El conflicto tiene su origen en un intento de revertir una transferencia de acciones realizada años atrás, lo que ha derivado en decisiones de organismos de control y tribunales que han sido cuestionadas por su rapidez y efectos acumulativos.
El propio Grupo Granasa ha denunciado un entorno adverso para la libertad de expresión, señalando el uso de instituciones estatales como mecanismos de presión política. La empresa también ha alertado sobre antecedentes de investigaciones contra medios críticos que no prosperaron.
En protesta
Como forma de protesta, los diarios Expreso y Extra han publicado portadas en blanco, una acción simbólica para advertir sobre lo que consideran un patrón de hostigamiento que podría derivar en un intento de control editorial.
“El uso del sistema penal y de los organismos de control para dirimir disputas que involucran a medios de comunicación genera un efecto inhibidor profundamente dañino para la libertad de prensa”, afirmó Pierre Manigault, quien además preside Evening Post Publishing Inc.
Por su parte, Martha Ramos advirtió sobre la acumulación de medidas que podrían derivar en una forma indirecta de censura, al tiempo que subrayó la necesidad de proteger la independencia editorial.
La SIP hizo un llamado a las autoridades ecuatorianas a garantizar el respeto al debido proceso, la seguridad jurídica y la libertad de expresión, evitando el uso de figuras penales que puedan conducir a la criminalización del ejercicio periodístico o a la intervención indebida de medios.
