La informalidad en el sector de la seguridad privada continúa representando un desafío estructural para la economía dominicana, provocando pérdidas superiores a RD$1,600 millones anuales al Estado, según alertó la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad.
La advertencia fue realizada por Freddy González Estrada, presidente del gremio, durante la Asamblea General Ordinaria celebrada en la Torre Empresarial de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. El dirigente explicó que la evasión fiscal y la operación al margen de la ley por parte de empresas informales generan una “fuga de recursos” que afecta directamente las finanzas públicas y distorsiona la competencia en el sector.
De acuerdo con datos presentados por Adesinc, el sector formal de seguridad privada genera cerca de 62 mil empleos directos y sustenta a más de 266 mil personas, consolidándose como un actor clave en el tejido económico y social del país. Sin embargo, esta contribución se ve amenazada por prácticas informales que impactan tanto la calidad del servicio como la sostenibilidad de las empresas reguladas.
González Estrada subrayó que la competencia desleal limita el crecimiento de un sector que desempeña un rol esencial en la protección de actividades productivas y estratégicas. En ese sentido, insistió en la necesidad de establecer un marco regulatorio claro, estable y coherente que reduzca la incertidumbre y fortalezca la institucionalidad.
El gremio también expresó su disposición de trabajar de manera conjunta con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, representada en el encuentro por Francisco Antonio Ovalle Pichardo, con el objetivo de elevar los estándares del servicio y enfrentar la informalidad de forma más efectiva.
Durante la actividad se abordaron los principales retos y oportunidades del sector, en un contexto donde la seguridad privada adquiere cada vez mayor relevancia para el desarrollo nacional. En este escenario, la articulación entre el sector público y privado se perfila como un elemento clave para garantizar la transparencia, la legalidad y la competitividad.
Más allá de las cifras, el llamado de Adesinc pone sobre la mesa un debate crucial: la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y regulación para asegurar que el crecimiento del sector esté alineado con el interés colectivo y el cumplimiento de la ley.
