La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebró la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de Costa Rica de la eliminación de las penas de prisión para periodistas por los delitos de calumnia e injuria, una decisión que representa un avance significativo en la protección de la libertad de prensa y de expresión en el país.
El pasado 3 de febrero, el Legislativo costarricense aprobó por unanimidad, en segundo debate, la derogación de los artículos 7 y 8 de la Ley de Imprenta, disposiciones que establecían condenas de hasta 120 días de cárcel para periodistas por injuria, calumnia y la publicación de contenidos considerados subversivos, de acuerdo con reportes de prensa.
La iniciativa, denominada “Ley para la libertad del ejercicio periodístico. Derogatoria de los artículos 7 y 8 de la Ley de Imprenta, Ley N.º 32”, fue avalada por los diputados y queda ahora a la espera de la firma del presidente de la República y de su publicación oficial para entrar en vigor.
Estándares interamericanos e internacionales
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, destacó que la derogación de sanciones penales para este tipo de delitos se ajusta a los estándares interamericanos e internacionales de derechos humanos, los cuales advierten que el uso del derecho penal para sancionar expresiones sobre asuntos de interés público genera un efecto inhibidor sobre el periodismo y el debate democrático.
Agregó que suprimir las penas de cárcel por calumnia e injuria es un paso clave para que los periodistas puedan investigar, informar y opinar sin temor a represalias penales.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, afirmó que Costa Rica vuelve a enviar una señal clara de su compromiso histórico con la libertad de expresión y el fortalecimiento de la democracia.
A su juicio, la eliminación de la pena de prisión favorece una mayor apertura informativa y reduce la autocensura en periodistas y medios de comunicación, por lo que exhortó al Poder Ejecutivo a firmar la ley para su pronta entrada en vigor.
Jurisprudencia del sistema interamericano
La SIP recordó que existe un consenso creciente entre organismos internacionales, respaldado por jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, en el sentido de que las leyes civiles ofrecen una reparación suficiente para los llamados delitos de prensa, sin recurrir a sanciones penales.
Finalmente, la organización instó a otros países de la región a seguir el ejemplo de Costa Rica y revisar sus marcos legales para eliminar figuras penales que puedan ser utilizadas para censurar, intimidar o silenciar a periodistas y medios de comunicación.
En el ámbito nacional, el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) de Costa Rica valoró la reforma como “el paso definitivo hacia un modelo en el que las responsabilidades derivadas del ejercicio periodístico se ventilan en la vía civil y no penal, conforme a los estándares internacionales”.
