La crisis financiera administrativa que padece el Seguro Nacional de Salud (SENASA), y detectada por informe de la Procuraduría General de la República, y dado a conocer de manera público por la Presidencia de la República pone en riesgo los servicios médicos que tienen disponibles más de 8 millones de afiliados, desglosados en el Régimen Subsidiado y en el Régimen Contributivo.
Aunque, informes periodísticos, habían publicados posibles irregularidades graves en el Senasa; el expresidente y presidente del Partido Fuerza del Pueblo, doctor Leonel Fernández denunció meses atrás que en esa institución aseguradora pública se cometían actos de corrupción en contra de los afiliados y los recursos nacionales.
Las irregularidades financieras administrativas del Senasa son tan fuertes, que el presidente Luis Abinader instruyó a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso para que haga una investigación profunda y determinar la magnitud del defalco, con el propósito de establecer responsabilidades, pues el primer mandatario dijo de manera clara: “Tengo amigos, pero no tengo cómplices”.
Las demandas de sus afiliados
Es triste pensar que el Seguro Familiar de Salud no cuente con recursos económicos suficientes para satisfacer las demandas de sus afiliados, los cuales sólo cuentan con SENASA para ir los establecimientos clínicos a buscar sanación de las dolencias que padecen en el organismo.
El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aprobó la transferencia de 12, 500 millones de pesos para fortalecer el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
Se dice que entre las irregularidades cometidas en Senasa, unos 4 mil procedimientos médicos que nunca se realizaron fueron detectados, los cuales fueron autorizados y facturados como si hubiesen ocurridos, incluso hay denuncias de que un (call center paralelo), operado por exempleados de la institución gestionaba las autorizaciones fraudulentas con identidades reales de afiliados.
Pagos ilícitos a prestadores privados
Esa gente movilizó más de 41 millones de pesos en pagos ilícitos a prestadores privados. Se dice que empresas vinculadas a altos funcionarios habrían participado en la referida red. El crecimiento acelerado de la nómina y los gastos figuran también entre las irregularidades.
Este es el momento para que no se juegue con la salud de los dominicanos más vulnerables del país, pues un acto criminal que atenta contra la gente de menos recursos económicos y el presupuesto nacional.
La procuradora general de la República, magistrada Yeni Berenice Reynoso debe hacer una profunda investigación y que todos los responsables sean sometidos a los tribunales para que respondan por sus actos.
