Miami.– La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su profunda preocupación por el avance de nuevas formas de censura en México, mediante decisiones judiciales, reformas legislativas ambiguas y presiones administrativas que amenazan directamente la libertad de prensa y el derecho a la información.
En las últimas semanas, tribunales locales y organismos electorales han adoptado medidas que la SIP califica como regresivas y peligrosas, al vulnerar principios fundamentales del periodismo independiente y del marco legal internacional.
Casos que encienden las alertas:
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Campeche: Un tribunal impuso al periodista Jorge Luis González Valdez una prohibición judicial de referirse a la gobernadora Layda Sansores. Además, obligó al medio Tribuna Campeche a someter todo su contenido a revisión previa de un interventor judicial, una práctica contraria a la Constitución mexicana y a los estándares internacionales de libertad de expresión.
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Puebla: Se aprobó una reforma al artículo 167 del Código Penal que sanciona con cárcel la llamada “violencia digital”, sin delimitar claramente su alcance. La SIP advierte que esta ley podría usarse contra periodistas, activistas o ciudadanos que emitan críticas legítimas en redes sociales.
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Ciudad de México: El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó al medio La Silla Rota entregar documentos, videos y fuentes sobre una investigación electoral. La amenaza de multa millonaria y la exigencia de revelar fuentes confidenciales, denunció la SIP, representa una forma sofisticada de coerción institucional contra el periodismo.
A estos casos se suman decisiones del Tribunal Electoral de Tamaulipas y del propio INE que han afectado a periodistas como Héctor de Mauleón, Laura Brugés y medios como El Universal, lo que refleja una tendencia preocupante de censura indirecta y judicializada.
Un entorno cada vez más hostil al periodismo
El presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, advirtió que estas acciones no son hechos aislados, sino parte de un patrón preocupante:
“Nos inquieta que en una democracia con marcos constitucionales sólidos, se utilicen recursos legales para silenciar la crítica y la fiscalización del poder”.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, alertó sobre los efectos institucionales:
“Si se penaliza opinar en redes o se obliga a un medio a pasar por la censura judicial, se institucionaliza el silencio. Y si un órgano electoral exige revelar fuentes o amenaza con sanciones económicas, estamos frente a una coerción inaceptable”.
México, bajo lupa
Según el Índice Chapultepec de la SIP, México se ubica entre los países con mayores restricciones estructurales a la libertad de prensa en el continente. A la impunidad y violencia se suma ahora la instrumentalización del poder judicial y legislativo como nuevas herramientas de censura.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que la censura previa es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, principio que los organismos estatales mexicanos están poniendo en entredicho.
