Las escuelas de Derecho y de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) realizaron el conversatorio académico “Análisis sobre la nueva ley de libertad de expresión y medios digitales: ¿Regulación o censura?”, donde periodistas y abogados debatieron acerca del proyecto de ley de libertad de expresión, con el que se plantea sustituir la Ley 61-32 de Expresión y Difusión del Pensamiento, vigente desde 1962.
Entre los comunicadores que participaron en el conversatorio figuran: Aníbal de Castro, director del periódico Diario Libre, y Fausto Rosario, director del periódico Acento, y los abogados Eric Raful y Jimena Conde, con la moderación de la reconocida periodista Edith Febles.
Ellos destacaron que esta ley no promueve una censura, sino la responsabilización de los mensajes y coincidieron en que la resistencia al proyecto obedece, en parte, a la desinformación sobre su contenido.
“Tendemos a hacer un uso indistinto de la palabra ‘plataforma’, esa es una de las razones por las cuales se decía que era una ley mordaza. Todo lo contrario, nos protege porque todos somos usuarios”, expresó la abogada Jimena Conde.
Por su parte, Eric Raful agregó que estas grandes empresas en otros países, como la Unión Europea, están altamente reguladas, “precisamente para garantizar transparencia”. También, enfatizó que el proyecto no busca limitar derechos, “sino que representa un avance para la protección del derecho a la libertad de expresión”, incluida la de los usuarios.
Aquí los periodistas abogaron por la necesidad de regular también el mensaje. Aníbal de Castro planteó que la resistencia al proyecto de ley obedece, también al auge de medios electrónicos y a la falta de claridad en la diferencia entre la libertad de expresión como derecho y el ejercicio responsable de ese derecho. “El ejercicio de una libertad implica responsabilidades. Y mal podría quien utiliza medios masivos no asumir que sus mensajes conllevan consecuencias”, aseguró Castro.
Acerca del Proyecto de ley de libertad de expresión
La Ley 61-32, vigente desde 1962, trata sobre la Expresión y Difusión del Pensamiento en la República Dominicana, la misma está siendo sustituida por un nuevo anteproyecto de ley. Dicho proyecto, llamado Ley de Libertad de Expresión, Medios Audiovisuales y Plataformas Digitales, tiene el propósito de actualizar la legislación a los tiempos actuales y eliminar la ley anterior, así como la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.
