Santo Domingo. – La Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) y el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (INCABIDE) formalizaron un acuerdo para que Refidomsa asuma la gestión provisional de tres estaciones de servicio incautadas durante la “Operación Falcón”.
La alianza interinstitucional, respaldada por la Ley 60-23, permite a Refidomsa gestionar las estaciones de combustible ubicadas en Miches, provincia El Seibo, las cuales operan bajo tres marcas reconocidas. Estas estaciones fueron confiscadas por el Ministerio Público mediante orden judicial, y representan activos de alto valor estratégico para el Estado.
El presidente del Consejo de Administración de Refidomsa, doctor Leonardo Aguilera Batista, destacó la importancia de esta colaboración, que busca garantizar el uso eficiente, transparente y legal de los bienes incautados por el organismo de persecución del Estado. «Desde el primer momento hemos estado dispuestos a contribuir con este proceso. Este acuerdo consolida nuestro compromiso con el desarrollo nacional y con la gestión responsable de los recursos públicos», expresó Aguilera.
Por su parte, el director ejecutivo de INCABIDE, licenciado Manuel Rafael Oviedo Estrada, valoró positivamente el respaldo de la refinería y señaló que este modelo de administración conjunta representa un paso importante para la institución. «Este esquema de colaboración no solo es beneficioso para las partes involucradas, sino que también establece un precedente para futuras acciones de gestión estatal del patrimonio incautado», añadió Oviedo.
Una alianza que busca lograr una buena administración
El convenio establece las funciones y responsabilidades de ambas entidades, así como mecanismos para preservar la legalidad, integridad y rentabilidad de los bienes intervenidos.
Ambas instituciones esperan que este acuerdo sirva de base para otros modelos de colaboración en la administración de bienes incautados, buscando siempre garantizar el buen uso de los recursos del Estado y el cumplimiento de la ley.
