La UNESCO ha publicado un informe titulado «Aumento de los ataques legales contra el periodismo de investigación en América Latina y el Caribe», que destaca la creciente amenaza de litigios diseñados para intimidar y debilitar a los medios de comunicación.
El documento, elaborado por Edison Lanza, ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta comisión es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo propósito es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región americana, subraya cómo estas acciones judiciales buscan silenciar la rendición de cuentas y el debate público bajo pretextos legales cuestionables.
El informe señala que estas estrategias legales, a menudo impulsadas por figuras con poder económico y político, socavan no solo el periodismo independiente, sino también los modelos de negocio de los medios de comunicación. Además, advierte sobre el riesgo de que legislaciones ambiguas puedan ser utilizadas para criminalizar la crítica y el periodismo crítico.
Para abordar este desafío, el informe recomienda fortalecer los estándares judiciales y adoptar soluciones legales como las leyes anti-SLAPP (por sus siglas en inglés, Strategic Lawsuit Against Public Participation), la cual están destinadas a proteger a individuos y organizaciones que ejercen su derecho a la libre expresión sobre asuntos de interés público.
Las demandas SLAPP suelen ser presentadas con la intención de intimidar, silenciar o desalentar la participación pública crítica mediante el uso indebido del sistema judicial. Las leyes anti-SLAPP proporcionan mecanismos para desestimar rápidamente tales demandas y proteger la libertad de expresión y el debate público., que desestiman demandas destinadas a silenciar a los medios. Aunque destaca algunos avances judiciales en la región, subraya la necesidad urgente de capacitar a los jueces para proteger efectivamente la libertad de expresión y asegurar un entorno más favorable para la prensa independiente.
Además de las recomendaciones sobre estándares judiciales y soluciones legales, el informe de la UNESCO destaca la importancia de fortalecer la capacitación de los profesionales del sector judicial en toda la región.
Es crucial que los jueces estén debidamente preparados para identificar y desestimar de manera efectiva los abusos legales dirigidos contra periodistas y medios de comunicación. Esto no solo requiere un entendimiento profundo de los principios fundamentales de la libertad de expresión, sino también una aplicación coherente y justa de la ley que proteja a los informadores que actúan en interés público.
También, el informe aboga por la colaboración entre los países de América Latina y el Caribe para desarrollar normativas más claras y precisas que protejan el ejercicio del periodismo investigativo. Estas normativas deben asegurar que las acciones legales no sean utilizadas como herramientas de represión política o económica, sino que promuevan un ambiente donde la diversidad de opiniones y el debate sean fomentados y protegidos.
Al mismo tiempo, es esencial que los organismos internacionales y las cortes regionales continúen fortaleciendo sus resoluciones y jurisprudencia en defensa de la libertad de expresión, estableciendo así un marco sólido que inspire prácticas legales justas y equitativas en toda la región.
